La policía reabre el 'caso Estepona' y llama a declarar a otros 17 implicados

Empresarios, abogados y cargos de confianza pueden sumarse a los 41 imputados

Estepona (Málaga, 60.300 habitantes) era ayer un hervidero de rumores y quinielas judiciales después de conocerse que la Policía ha reabierto el caso Astapa, la trama de corrupción destapada el pasado 17 de junio y por la que permanecen en prisión el ex alcalde socialista Antonio Barrientos, su jefe de gabinete y dos de sus antiguos socios de Gobierno, pertenecientes a un partido posgilista.

El nuevo alcalde ha acudido a la juez para aportar más documentación
Desde comienzos de esta semana, la Policía ha comenzado a citar a 17 nuevos implicados entre los que hay empresarios, abogados, antiguos cargos de confianza municipales y concejales. Varias fuentes consultadas por este periódico señalaron que la mayoría de los llamados acudirán en calidad de imputados y sólo unos pocos lo harán como testigos.
La notificación policial se hace mediante una llamada telefónica en la que se le indica al citado que se le va a enviar un fax con la hora y el día en el que se le tomará declaración. Los llamados deben acusar el recibo enviando otro fax de vuelta.
La nueva remesa de implicados en la trama de corrupción tendrá que declarar primero ante los investigadores, bien en la comisaría de Estepona o en Madrid, ya que la investigación ha estado centralizada en la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Comisaría General de Policía Judicial. Después, comparecerán ante la juez Isabel Conejo, instructora del caso y titular del juzgado número 1 de Estepona, que todavía está de vacaciones.
En los últimos dos meses el nuevo alcalde de la ciudad, el socialista David Valadez, trata de recomponer el maltrecho consistorio esteponero. El regidor, al que diversas fuentes apuntan como el denunciante de la trama corrupta, hace equilibrios para sacar adelante los proyectos. Aparte de los obstáculos naturales que le pone la oposición, Valadez sufre las trabas, más o menos soterradas, de algunos miembros de su propio equipo de gobierno. Seis de los 25 ediles de la corporación están imputados en la trama. Cuatro de ellos han pasado del grupo municipal socialista al de ediles no adscritos. Los otros dos, los posgilistas José Ignacio Crespo y Manuel Reina, están en prisión preventiva y se niegan a abandonar sus actas.
Este nuevo capítulo de la instrucción ha desanimado enormemente a los cuatro implicados en prisión preventiva. "Tenían la ilusión de salir para septiembre, pero con la nueva ronda de declaraciones ven que les queda todavía una temporada", señaló ayer uno de sus abogados.
La última vez que la juez denegó la libertad a uno de ellos alegó que quedaban "pendientes de practicarse en breve una serie de diligencias de gran importancia". En un auto en el que rechaza la libertad del ex alcalde Barrientos la instructora cree que el secreto sumarial no es suficiente para impedir que el ex regidor destruya pruebas o influya sobre "otros imputados, testigos o peritos".
La instructora considera a Barrientos "máximo responsable" de una red dedicada a "obtener fondos de promotores y empresarios" para financiar "actividades tanto públicas como privadas" y para "enriquecerse personalmente". El regidor expulsado del PSOE está acusado de cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y blanqueo de capitales.
Durante el verano, el nuevo regidor de Estepona ha visitado a la instructora al menos en una ocasión. Lo hizo, según sus propias palabras, para "aportar documentación sobre irregularidades de varias áreas del consistorio". Una de ellas está relacionada con la construcción del aparcamiento público Zapallito, en funcionamiento desde 2005 a pesar de no tener licencia de actividad. El alcalde también entregó una gran cantidad de facturas de contratos irregulares.
El caso Astapa suma por ahora 41 imputados, entre los que hay empresarios de la construcción, concejales de varias corporaciones, técnicos y empleados del Ayuntamiento malagueño. La fianza más alta, impuesta al ex consejero delegado de la promotora Valle Romano, llegó a los 500.000 euros.