Vecinos de Río Real acudirán a organismos europeos si no se regularizan sus viviendas

MARBELLA
Los dueños, de 14 nacionalidades distintas, advierten que denunciarán el caso en sus embajadas si el PGOU no les da cobertura


Los propietarios de Río Real Playa, una de las urbanizaciones que se quedan fuera del Plan de Ordenación Urbana elaborado por el Consistorio, han anunciado que están dispuestos a acudir a instancias internacionales hasta conseguir el mismo trato que han recibido otras promociones urbanísticas construidas al margen de ordenación y que serán regularizadas.
Se trata de 60 viviendas, en un 90 por ciento adquiridas por propietarios de 14 nacionalidades diferentes, 29 de las cuales están pendientes de la orden de demolición, después de que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) anulara en sentencia la licencia que el propio Ayuntamiento de Marbella concedió con Jesús Gil como alcalde. La razón, ocupan suelo a pie de playa reservado para zona verde y equipamiento deportivo y cultural con protección arqueológica. Según la Junta, durante su construcción se destruyó un yacimiento arqueológico. El equipo de gobierno acordó, sin embargo, no ejecutar esta y otras sentencias hasta la aprobación definitiva del PGOU.
«Algunos propietarios extranjeros sopesan dirigirse al Ayuntamiento, solicitar su indemnización y marcharse a su país de origen porque no les merece la pena vivir bajo esta administración. Otros van a luchar por sus derechos», aseguró la comunidad de propietarios de la urbanización en un comunicado.
Tribunal de Estrasburgo
Entre las medidas que contemplan se encuentran querellarse contra el Ayuntamiento y la Junta por presunta prevaricación y dirigirse a sus respectivas embajadas para que sus gobiernos «les defiendan», apuntan. Además, tienen pensado dirigirse al Defensor del Pueblo, andaluz y nacional, y acudir, si así es necesario, al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo.
Los vecinos aseguran que todos ellos son compradores de buena fe que adquirieron los inmuebles de forma legal a través de una licencia otorgada por el Ayuntamiento , que después fue impugnada por la entonces concejal socialista, Isabel García Marcos. Recuerdan que la propia Junta de Andalucía «autorizó la continuación de las obras» tras el descubrimiento del yacimiento y aseguran que tampoco invade el dominio público marítimo terrestre «ya que el deslinde de 2006 sólo consideraba ilegal un restaurante ubicado en la playa que aún continua en pie».
No es la única urbanización de Río Real cuyo futuro pende de un hilo. El promotor inmobiliario imputado en el 'caso Malaya' José Ávila Rojas tiene hasta el 21 de diciembre para demoler una estructura levantada en esta misma zona al encontrarse en situación irregular.

«Cuando se acababa la droga empezaban las palizas»

Marbella

Las mujeres que denunciaron a los policías locales declaran que eran golpeadas por los agentes desde hacía meses


A pesar de ser testigos protegidas, Estefanía, Nicole y Jacqueline -probablemente nombres ficticios- se presentaron ayer en los juzgados de Marbella después de conceder entrevistas a varias televisiones nacionales para ofrecer su versión de la polémica que esta semana se cierne sobre seis policías locales que, al parecer, frecuentaban la casa para consumir drogas. Jacqueline, presuntamente maltratada, y Nicole, supuesta víctima de una violación, ambas por el mismo agente, entraron en el juzgado sin mediar palabra. Estefanía, que se presentó ante los medios como masajista, sí quiso repetir públicamente lo que había declarado días antes en la Policía Nacional. «Tengo mucho miedo, dicen que nos van a matar», fueron sus primeras palabras. Primero dio la espalda a las cámaras de televisión, luego se enfrentó a ellas con tan sólo unas gafas de sol y finalmente lo hizo a cara descubierta para asegurar que las palizas a sus compañeras eran «habituales» desde hacía «siete u ocho meses». Según dijo, los policías detenidos, que se llamaban en la vivienda por sus motes, empezaron a acudir por estas fechas al establecimiento, ubicado en la urbanización Nueva Andalucía y conocido popularmente como 'La Casita Azul'; un local donde, según las fuentes consultadas, se ejercía la prostitución, se servían copas y drogas y hasta se alquilaban habitaciones a 50 euros el día. «Eran un grupo de amigos, pero cuando se acababa la droga empezaban las palizas», comentó la testigo a su llegada a los juzgados.La peleaLa mujer, que reconoció las actividades ilícitas que tenían lugar en la vivienda, declaró ante la policía que el pasado jueves uno de ellos golpeó a Jacqueline porque no le suministró cocaína. «Estaba muy drogado y ella se negó a dársela. El otro policía, novio de ella, vio cómo le pegaba en medio de una fiesta y no hizo nada. Luego mi amiga acudió a casa de Nicole toda ensangrentada y ella decidió que no podían aguantar más. Tenía la nariz y las costillas rotas y los ojos amoratados. Nicole también denunció al mismo agente por haberla violado cuatro meses antes. La ató a la cama con sus esposas y le apuntó con la pistola en la sién», declaró. «¿Dónde conseguíamos la cocaína? Bueno, cuando faltaba, los policías salían a la calle en busca de camellos y se quedaban con la droga que les incautaban».Lo de ayer fue un circo mediático. Las tres testigos protagonizaron varios altercados en los juzgados. De un lado, con los familiares de los dos policías detenidos que prestaron declaración ante el juez. De otro, con imputados en otros casos que tienen que acudir a firmar el día 1 de cada mes ante el juez y que, casualmente, la mayoría eran clientes del establecimiento, al parecer muy popular en Marbella a pesar de no exhibir ningún cartel en la puerta de entrada.

Prisión incondicional para dos policías de Marbella por lesiones y tráfico de drogas

Ambos están también imputados por una presunta omisión del deber de perseguir delito y uno de ellos suma además, una agresión sexual. La mujer detenida por suministrar la cocaína a la casa de citas ingresa en la cárcel


El titular del Juzgado de Instrucción 1 de Marbella, Ricardo Pujol, decretó ayer prisión incondicional sin fianza para los dos policías locales denunciados la semana pasada por dos trabajadoras de un club de alterne de Nueva Andalucía junto a la mujer que supuestamente suministraba la droga en el local. Los tres ingresaron ayer en la prisión de Alhaurín de la Torre tras prestar declaración en los juzgados de Marbella. Los dos agentes están imputados de los presuntos delitos de tráfico de estupefacientes, lesiones y omisión del deber de perseguir delito. A uno de ellos, además, se le acusa de una supuesta agresión sexual comitida hace cuatro meses. La operación policial se ha saldado, de momento, con cuatro agentes más detenidos que se encuentran en libertad con cargos policiales a la espera de declarar ante el juez en los próximos días. Todos ellos están acusados por la Policía Nacional de presunta omisión de perseguir delito. Hasta ahora la información que había trascendido de las actuaciones, que se encuentran en secreto de sumario, era que los dos agentes acudían al establecimiento, un local conocido como 'La Casita Azul', para consumir drogas. Sin embargo, la imputación por presunto tráfico de estupefacientes indica que además de consumir también podrían haber colaborado en su distribución.Precisamente la mujer que supuestamente les suministraba la droga para su posterior venta en la casa también ingresó ayer en prisión provisional sin fianza después de permanecer tres días detenida y prestar declaración tanto en la comisaría de Policía como en los juzgados. Declaran las implicadasLa supuesta víctima de la agresión sexual y las lesiones pidió justicia a su entrada a los juzgados y confirmó a su salida haber ratificado ante el juez los malos tratos y los abusos a los que fue sometida por parte de uno de los agentes. También prestaron ayer declaración dos testigos protegidos a través de un biombo y con la voz distorsionada. Ambos confirmaron la situación de drogas y malos tratos que se producía en el citado club de alterne. Una de ellas, compañera de la denunciante, aseguró haber presenciado las palizas, incluyendo la que supuestamente propinaron el jueves día 25 a otra de las implicadas que desencadenó la investigación.La familia de uno de los detenidos aseguró a los medios de comunicación que los dos agentes están sirviendo de «cabeza de turco» de una supuesta operación de limpieza dentro de la Policía Local.

Vecinos critican que sólo se ordene derribar seis de las 51 casas ilegales en Alta Vista

Dicen que en la zona hay otras 45 viviendas ilegales en fase de cimentación promovidas por la misma mercantil Denuncian que la única beneficiada es la promotora

El reciente anuncio de la alcaldesa de ordenar la demolición de las dos primeras edificaciones ilegales, deshabitadas y no regularizables en el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), en tramitación, ha caído como un jarro de agua fría sobre los vecinos de Alta Vista, en San Pedro, donde se asienta una de estas estructuras que parece tener sus días contados. Se trata, según informaron desde la Delegación Municipal de Urbanismo, de seis viviendas construidas por la mercantil Prosavi sobre zona verde, en fase de cimentación y que, por tanto, cumplen con los requisitos acordados con la Junta para la aprobación anticipada del nuevo planeamiento urbanístico. Desde la entidad de conservación de esta comunidad de propietarios, critican que en el decreto de Alcaldía se inste a la promotora -con la que ha llegado a un acuerdo- a demoler tan sólo estas seis viviendas ilegales cuando en la zona, hay otras 45 en pueblo mediterráneo también contrarias al Plan vigente, aún en construcción y «comenzadas al mismo tiempo por la promotora Prosavi». Desde esta comunidad vecinal, aseguran que esta última promoción de viviendas -que no se verá afectada por la reciente orden de derribo- adolece de la mima irregularidad: «No tener licencia, por no adecuarse las construcciones: pueblo mediterráneo y adosadas, a la tipología de ese suelo según el Plan de 1986: unifamiliar exenta». Así, los vecinos de Alta Vista se preguntan indignados el motivo de que no se regularicen seis adosados pero sí, los 45 que hay alrededor en forma de herradura, promovidos por la misma promotora «en las mismas condiciones, circunstancias y lugar, en fase de cimentación y sin haber sido vendidas a terceros». «Esto no tiene ninguna lógica», indican los vecinos en un comunicado al tiempo que añaden: «A los ciudadanos no nos basta con que el Ayuntamiento realice actuaciones simbólicas en el marco de un acuerdo con una promotora, cuando el perjuicio continúa ahí y los perjudicados no son consultados en ningún momento, y donde la única beneficiada es la promotora que ha conseguido comprar un solar por un determinado precio para construir nueve casas y va a construir 45». Es más, los afectados denuncian que son los principales perjudicados y critican que los servicios de su urbanización «son ya muy ajustados e incapaces de absorber las necesidades de 45 viviendas en la zona peor comunicada de la urbanización, donde el Plan vigente prevé nueve viviendas».AclaraciónLa respuesta del gobierno municipal es muy clara al respecto. A fecha de hoy, sólo las 45 viviendas en pueblo mediterráneo aparecen regularizadas -mediante el sistema de compensación- en la aprobación inicial del nuevo PGOU, que elaboró el equipo redactor siguiendo las directrices de la Junta cuando ésta tenía las competencias en planeamiento y luego aprobó el pleno del Ayuntamiento. La medida no se aplicaría a las seis restantes, en construcción y que están sobre parques y jardines; aunque desde la comunidad de propietarios de Alta Vista aseguran que el suelo es unifamiliar exento, según el Plan vigente. No obstante, desde el gobierno municipal aclaran que no significa que en la aprobación provisional del Plan puedan introducirse algunas modificaciones.