La UE abre sus puertas a Marruecos

La Unión aprueba un nuevo estatuto de asociación avanzada con el país magrebí que supone un hito en las relaciones con un Estado no europeo

Las dos orillas del Mediterráneo están desde ayer mucho más cerca. Especialmente en lo que se refiere a Marruecos, tras el estatuto de asociación avanzado aprobado en el Consejo de Luxemburgo y que le convierte casi en un miembro más de la Unión Europea. El país magrebí pasará a disfrutar de un marco privilegiado de relaciones políticas, económicas y sociales con la UE. El ministro de Exteriores español, Miguel Ángel Moratinos, quien no podía esconder su satisfacción, aseguró que «es un (el de ayer) gran día para Marruecos, España y la UE», porque el acuerdo «va a abrir la puerta a una relación privilegiada» al Estado norteafricano para acceder a «todo, menos las instituciones» europeas. Desde la entrada en vigor del acuerdo de asociación en 2000, Marruecos ha querido dar prueba de su aproximación a Europa y ha solicitado a la Unión este estatuto avanzado. En esta aspiración ha contado con el apoyo de España, que ha sido el principal país impulsor, junto a Francia y Portugal. Posteriormente, en la reunión del Consejo de Asociación de julio de 2007, la UE y Rabat decidieron establecer un grupo de trabajo para examinar los medios que permitieran reforzar las relaciones entre ambas partes. Este grupo elaboró propuestas adoptadas por el Consejo de Asociación de ayer.Las medidas así refrendadas por ambas partes componen una hoja de ruta ambiciosa para los años venideros y deberán ser aplicadas por las distintas instituciones elegidas. Las medidas aprobadas en el acuerdo para reforzar la asociación con Marruecos se refieren en particular a la cooperación política y en materia de seguridad, la preparación de un convenio de libre comercio global y ambicioso, a la integración progresiva del reino aluaí en diversas políticas sectoriales de la UE y a un mayor nivel de intercambios entre los pueblos. El objetivo de tales medidas es respaldar el proceso de modernización y transición demócrática emprendido por Marruecos desde hace varios años.

Aval de 100.000 millones a la banca

El Gobierno ofrece garantías a los bancos para intentar reactivar el flujo de créditos Abre también la vía para entrar como accionista en las entidades

El gabinete que preside José Luis Rodríguez Zapatero aprobó ayer, en un Consejo de Ministros extraordinario, dos nuevas medidas que persiguen estabilizar el sistema financiero, devolver la confianza a los mercados y reactivar el flujo de liquidez, que amenazaba con colapsar no sólo los bancos y cajas de ahorros sino también a buena parte de las empresas españolas. Así, el Ejecutivo aprobó la concesión de avales a la banca por un importe de 100.000 millones de euros de aquí a finales de año, al tiempo que abrió la puerta legal para que el Estado pueda entrar como accionista e inyectar dinero de forma directa en aquellas entidades que atraviesen dificultades extremas. Una opción, esta última, que el Ejecutivo asume sólo a título preventivo pero que descarta utilizar en el corto plazo.La Bolsa española reaccionó al anuncio con un alza del 10,65% -récord histórico-, al tiempo que los tipos de interés de mercado interbancario se relajaban por segundo día consecutivo, lo que supone una señal de aumento de la confianza.Las medidas adoptadas ayer son la aplicación práctica de los acuerdos adoptados este fin de semana por la Unión Europea y Estados Unidos, en lo que se ha interpretado como un 'último intento' por evitar una bancarrota generalizada y con ello una gran depresión de la economía mundial. Varios gobiernos europeos formalizaron ayer medidas similares de respaldo a la banca, que su vertiente de avales supone ya la movilización de un billón de euros. A esa cantidad hay que añadir el dinero que se invierta en compra de acciones de los bancos, que puede sumar medio billón adicional. Las medidas aprobadas ayer por el Gobierno español son una continuación de otras dos adoptadas con anterioridad: la ampliación de 20.000 a 100.000 euros en la garantía de depósitos bancarios, que traba de llevar la tranquilidad a las economías familiares y de evitar la fuga de depósitos, junto a la compra de activos bancarios 'sanos' por un importe máximo de 50.000 millones de euros. Esta última decisión, que perseguía inyectar algo de liquidez al sistema bancario con la movilización de fondos públicos, se había revelado del todo insuficiente.PrevenciónLos 100.000 millones de euros aprobados ayer son, en la práctica, un riesgo que asume el Estado y no dinero contante y sonante para inyectar en el sistema. El Gobierno hará de avalista de las entidades financieras, para que puedan obtener esa cantidad en los mercados tradicionales de capitales: bien con la emisión de deuda -bonos, etc.- o incluso en el mercado interbancario, en el que los bancos se prestan dinero entre ellos. Estos avales -por los que el Estado cobrará una comisión a quienes los soliciten- se ejecutarían si los bancos fallan en la devolución del dinero. Si los bancos no pagan las deudas que contraigan con ellos, lo hará el Gobierno central.Este acceso al endeudamiento es vital para bancos y cajas, ya que se encontraba prácticamente paralizado por falta de confianza en el sistema. Nadie se fía de nadie y, sin embargo, necesitan que se restituya el flujo de dinero. De un lado, para poder conceder nuevos créditos a empresas y particulares que lo demandan con argumentos sólidos y -aquí estaba el lado más peligroso del problema- refinanciar sus propias deudas, asumidas en tiempos de bonanza y cuyos vencimientos comienzan a caer como una losa. Si para una empresa es vital que le renueven sus líneas de crédito, para una entidad financiera lo es en mayor grado, ya que ni siquiera puede utilizar instrumentos como demorar el plazo de pago a sus proveedores. El propio Zapatero lanzó ayer el mensaje de que «no hay ninguna entidad financiera española en situación de insolvencia», por lo que calificó como «preventiva» la posibilidad de que el Estado vuelva al sistema bancario como accionista, que sí se ha puesto en práctica en el Reino Unido y que también baraja el Gobierno alemán.