ASTAPA 7 AGOSTO: Los concejales del equipo de gobierno imitan al alcalde y también ganarán menos

Aunque todavía se desconoce la cantidad de dinero que se rebajarán del sueldo, el delegado de Hacienda dice que se trata de «dar ejemplo» para contener el gasto
07.08.08 -

Todo apunta a que el ejemplo del alcalde va a cundir en el resto del equipo de gobierno de Estepona. David Valadez anunció el pasado 23 de julio que se bajará su salario un 20 por ciento y cobrará unos 77.600 euros brutos anuales a diferencia de los 97.210 que percibía su antecesor, Antonio Barrientos. Pues bien, ayer el concejal de Hacienda, Antonio Sánchez, se expresó en términos parecidos al anunciar que los concejales del equipo de gobierno -formado por PSOE, PA, IU y Estepona 2007- «están dispuestos» a imitar la acción del alcalde y bajarse también el sueldo. «Sí es verdad que todavía no se concretó nada, pero creemos que es lo más conveniente por el estado actual del municipio», estimó Sánchez. El objetivo, recordó, no es otro que «contener el gasto» en el marco de la nueva política que diseña el alcalde desde que accedió al cargo. «Tampoco podemos perder de vista que en el caso de Estepona el concejal cobra sólo por esta condición, sin ningún otro tipo de suplementos como ocurre en otros municipios del entorno», admitió el concejal. «Digamos que es por una cuestión de transparencia cuando en su momento se adoptó esta decisión en pleno», significó. En cualquier caso, Sánchez considera que una decisión de este tipo debe servir de «ejemplo», en clave «pedagógica». Tiene claro Sánchez que la rebaja del sueldo «pone en valor» al equipo de gobierno y «sirve de ejemplo» para el resto del personal del Ayuntamiento, ahora que el alcalde se ha propuesto revisar la política salarial empezando por él mismo hasta paralizar incluso las contrataciones también de las empresas municipales.

Antecedentes

Hace unos días el alcalde anunció que se había dado de baja a unos 40 teléfonos móviles corporativos que usaban cargos de confianza y personal de las empresas municipales. Hasta el momento existían más de 150 líneas, que generaban un gasto mensual de unos 14.000 euros. Valadez pretende disminuir también el gasto que suponen los alquileres de algunas dependencias municipales con el traslado de las mismas a edificios municipales. «En un presupuesto como el del Ayuntamiento de Estepona son decisiones que tienen que ver más con la contención que con el recorte, pero igualmente importantes», apuntó el concejal de Hacienda. Aunque todavía no se acordó nada en este sentido, en los próximos días podría conocerse la cuantía real que se rebajan los concejales del gobierno.

CASO ASTAPA: La intervención en Estepona evitó otro contrato millonario de dos imputados

Dos de los imputados de la trama de corrupción de Estepona, Manuel Barroso y Juan Simón, primo hermano del jefe de Gabinete de Alcaldía, José Flores, actualmente encarcelado en Alhaurín de la Torre por el «caso Astapa», intentaron, sin éxito, firmar un contrato millonario con el Ayuntamiento esteponero en unas condiciones algo dudosas.
Estos dos implicados tenían pensado gestionar, acondicionar, explotar y vigilar el depósito municipal de vehículos con el visto bueno de los concejales socialistas Francisco Zamorano, también implicado en la trama, y Antonio Sánchez. Sin embargo, la acción, primero, de algunos de sus compañeros, y después de la Comisaría General de Policía Judicial, evitó que se consumara la polémica operación en uno de los municipios de la costa del sol políticamente más agitados en estos últimos meses.
Según los investigadores, la empresa Ausol Estepona 2000, representada por Manuel Barroso, se presentó al concurso del depósito municipal en mayo de 2008 junto a las empresas Reciclados y Desguaces Industriales y de Automoción y Setex-Aparki. Se da la circunstancia de que Ausol se constituyó poco antes de que los concejales socialistas Francisco Zamorano y Antonio Sánchez elevaran la propuesta a la Junta de Gobierno.
La firma Ausol realizó una proposición mensual de 10.815 euros, lo que significó la oferta más ventajosa, según el Ayuntamiento costasoleño. El contrato no fue finalmente adjudicado a Ausol, entre otras razones porque algunos concejales socialistas ajenos a la corrupción expresaron su oposición, lo que provocó que el grupo municipal del PSOE se fracturase. Luego, la intervención policial evitó el contrato millonario que hubiera supuesto todo este entramado.
El partido político Los Verdes ya habían anunciado su intención de recurrir este concurso que se había desarrollado «plagado de sospechas, de defectos formales y de fondo y de otras irregularidades aún más graves».
Ausol Estepona 2000 SL. se constituyó con un exiguo capital de 3.010 euros ante el notario de Estepona José María García Urbano el pasado 25 de abril de 2008, un día después de la publicación de la licitación del concurso de acondicionamiento, gestión, explotación y vigilancia del depósito municipal de vehículos. El objeto social declarado de la polémica compañía, coincidía, literalmente, con el objeto del concurso de la licitación.
Con el plazo cerrado
Ausol no consiguió su inscripción registral hasta el 16 de mayo de 2008, cuando ya estaba cerrado el plazo de presentación de ofertas para el citado concurso, por lo que ni siquiera pudo acreditar su capacidad de obra ante la administración pública.
Todo esto, unido a una evidente inexperiencia en el mercado al ser una empresa de reciente creación y la incapacidad económica para afrontar un concurso de más de 1.200.000 euros de dinero público hizo albergar serias dudas sobre la idoneidad de su adjudicación. Se da la «casual coincidencia» de que el administrador único de la empresa, Manuel Barroso, es un abogado ajeno al negocio objeto de licitación, aunque su socio, con el que comparte despacho y responsabilidades en empresas inmobiliarias, es Juan Simón García, miembro de la Ejecutiva Local del PSOE.
Juan Simón, cuyo despacho fue registrado por la Policía, es familiar directo del jefe de Gabinete de Alcaldía y mano derecha del alcalde Antonio Barrientos, José Flores Simón, una de las personas clave en el «caso Astapa», según sostienen los investigadores.

ASTAPA 4 AGOSTO: ESTEPONA El alcalde revisará 40 contratos.

Valadez analizará además los pluses que no están incluidos en el convenio y eliminará una gratificación que Barrientos concedía a algunos trabajadores Convocatoria dice que vigilará que no se realice una conversión de estos acuerdos
04.08.08 -

Siguen las medidas de contención del gasto público.

El alcalde de Estepona, David Valadez, iniciará hoy la revisión de unas 40 contrataciones de personal de alta dirección realizadas en las empresas municipales bajo el mandato del ex regidor Antonio Barrientos. Los nuevos integrantes de los consejos de administración de las sociedades públicas, que nombrarán en esta jornada al gerente de las mismas, analizarán también el pago de pluses y complementos a algunos empleados que no están contemplados en el convenio de los trabajadores de las empresas municipales.

El primer edil anunció que se eliminará el complemento de libre designación (cuantía que concedía el alcalde por decreto como gratificación por las funciones de algunos empleados). Algunos de los desembolsos que se pagaban por este concepto a determinados empleados superaban los 5.000 euros mensuales. El regidor aseguró además que «bajo ningún concepto» se producirán contrataciones en las empresas municipales y que para las contrataciones por bajas y sustituciones se emplearán las bolsas de empleo. En este sentido, señaló la intención de revitalizar la Oficina Municipal de Empleo para canalizar mediante este departamento la contratación municipal y de las empresas concesionarias de servicios públicos. Valadez ya anunció su intención de disminuir los cargos de confianza. Aseguró que habrá sólo uno por concejal con responsabilidad de gobierno. Así, la medida restringirá más de la mitad el número de funcionarios eventuales contratados en el anterior mandato. De esta forma, serán diez personas en lugar de los 25 que cesaron con la llegada de Valadez a la Alcaldía. «El compromiso es el de realizar una reducción drástica», dijo Valadez. Estos trabajadores suponían para las arcas municipales un desembolso de un millón de euros anuales.

En alerta

En este sentido, el grupo Convocatoria Los Verdes anunció que resulta «indispensable» la reducción del número de personas contratadas como cargos de confianza y alta dirección hasta adecuarlos a las necesidades reales. «Advertimos que nuestra formación estará especialmente alerta ante la ejecución de la citada disminución del número de altos cargos, oponiéndonos frontalmente a la conversión fraudulenta de esos contratos a cualquier otra forma de relación laboral con el Ayuntamiento, velando por que no se vuelva a engañar al pueblo», manifestaron en un comunicado.La reunión de los nuevos consejos de administración de las empresas públicas también abordará hoy el nuevo organigrama de funcionamiento de estos órganos. Valadez anunció su deseo de que los habilitados nacionales estén representados en las empresas públicas para darles mayor transparencia.

ASTAPA 1 AGOSTO: La Audiencia deniega la libertad al ex alcalde por el riesgo de contaminar la instrucción

El tribunal, que mantiene la prisión para otros tres detenidos en el 'caso Astapa', considera que existe peligro de fuga por las presuntas imputaciones. El técnico municipal Javier Wittmeur deberá abonar una fianza de 60.000 euros para poder salir en libertad, después de que se haya estimado su recurso
01.08.08 -


El ex alcalde de Estepona, Antonio Barrientos, y otros tres detenidos en la 'operación Astapa' contra la corrupción urbanística deberán seguir en prisión al desestimar la Audiencia Provincial de Málaga los recursos de apelación presentados por sus abogados, según informaron fuentes judiciales.

Los recursos rechazados corresponden, además de al ex alcalde socialista, al que fuera su jefe de gabinete, José Flores, y a los ex ediles del PES, José Ignacio Crespo y Manuel Reina. Todos ellos, en prisión desde el pasado 20 de junio.

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Málaga sí ha estimado parcialmente el recurso del quinto encarcelado, el ingeniero Javier Wittmeur, que deberá pagar una fianza de 60.000 euros para salir en libertad.En el auto en el que se rechaza la excarcelación de Barrientos, al que ha tenido acceso Efe y contra el que no cabe recurso, el tribunal considera «proporcionada y legítima» su privación de libertad y sostiene que el riesgo de fuga no puede obviarse «a tenor de las presuntas imputaciones que contra él mismo se dirigen».

Su permanencia en prisión es necesaria «para preservar su posible influencia por sí o a través de terceros en obstaculizar la investigación de los hechos, todavía en fase inicial».A juicio del tribunal, el hecho de que ya no ostente el cargo de alcalde «no elimina riesgos» como la destrucción de pruebas o el influir en diligencias de investigación pendientes de practicar, ya que ocupó ese cargo «bastante tiempo» y prestó servicios a personas en cuya declaración podría influir «en mayor o menor medida». «Por el momento concurren todos los requisitos o presupuestos necesarios para la adopción de la medida privativa de libertad», añade el auto.Penas de dos o más añosLa Sala incide en que esa resolución refleja «la existencia de múltiples hechos que presentan caracteres de delitos sancionados con pena igual o superior» a dos años de prisión, «irregularidades» en las Barrientos aparece «como el máximo responsable». La instructora del 'caso Astapa', Isabel Conejo, imputa a Barrientos los presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias, malversación y blanqueo de capitales. La magistrada lo considera el «máximo responsable de una estructura existente en el entorno» del Ayuntamiento «orientada a la obtención de fondos de distintos promotores y empresarios».En la vista celebrada el pasado 28 de julio en la Audiencia Provincial de Málaga, la defensa del ex alcalde descartó que pudiese influir en otros imputados, testigos o peritos y que existiese riesgo de fuga, como expuso el representante del ministerio fiscal. La Fiscalía se basó en que se trataba de una localidad pequeña, en la que se había creado «un clientelismo más que evidente en los últimos años». Asimismo, el fiscal manifestó que todavía queda «mucha gente por declarar» y que lo deben hacer «de la forma más neutral posible», ya que se han creado «muchos intereses recíprocos», en los que podría influir la puesta en libertad del ex regidor.Por su parte, la defensa de Barrientos pidió la libertad para su cliente basándose en que no existían documentos que avalasen el riesgo de fuga y en que no puede manipular las pruebas o testimonios de los otros imputados porque ya no es alcalde.

ASTAPA: Rafael Duarte dimite y entrega su acta de concejal.

Rafael Duarte debido a su imputación en el caso Astapa decidió dimitir de todos sus cargos en el Ayuntamiento de Estepona y presentar su renuncia al acta de concejal. Según sus propias palabras en una rueda de prensa esta decisión se debe a la creencia de que fuera de sus cargos institucionales podrá dedicarse mejor a defender sus intereses y a la vez que mantiene que las personas que ostentan cargos públicos no deben tener ningún tipo de sospecha sobre sus actuaciones.
Tras la dimisión de Duarte, será Yolanda Franco (familia del presidente del parlamento, Jose Bono) quién tomará el acta al ser la siguiente en la lista de electos presentada por el PSOE. Según ha podido saber este medio será la responsable de las Delegaciones de Bienestar Social y Fiestas