Ahora, Estepona
Actualizado 19.06.2008 - 01:00
LA Policía acaba de descabezar a otro ayuntamiento de la Costa del Sol por tejer un supuesto entramado para cometer delitos urbanísticos con un patrón muy similar al del caso Malaya. El alcalde socialista de Estepona, Antonio Barrientos, varios concejales, técnicos municipales y cargos de confianza, familiares, empresarios y abogados conforman el amplio listado de detenciones con el que ha arrancado esta Operación Astapa, el nombre fenicio de la localidad. La investigación es muy amplia. La Policía se ha llevado documentación de la contabilidad del Ayuntamiento desde 2003, así como las contrataciones y los convenios urbanísticos suscritos desde entonces. En la práctica, significa cuestionar toda la gestión del alcalde esteponero. La Policía investiga ocho presuntos delitos muy graves, desde blanqueo de dinero, malversación o cohecho a tráfico de influencias y delito urbanístico. Como sucediera hace dos años en Marbella, la actuación iniciada por la Fiscalía Anticorrupción en Estepona no ha causado excesiva sorpresa. Las decisiones bajo sospecha de Barrientos han sido muchas. Desde donaciones de constructoras para pagar nóminas a intentos de sortear la Ley de Suelo para sacar adelante convenios. Barrientos no tuvo empacho en pactar la Alcaldía en 2003 con el ala dura del GIL de Estepona, reconvertida en el PES. Dos de los concejales socialistas del equipo de gobierno incluso han denunciado en vano por vía interna ante la ejecutiva provincial socialista los posibles abusos que se estaban cometiendo en Estepona. Suena a mala conciencia la rápida decisión adoptada por el PSOE-A de tramitar la expulsión del alcalde. En la confianza de que se impondrá el imperio de la ley y se perseguirán hasta el final los delitos que se hayan cometido, no queremos dejar de llamar la atención acerca del grave perjuicio que a la imagen de Andalucía y a sus posibilidades de desarrollo causan estas actuaciones de gran impacto mediático y alarma social, que estigmatizan a la Costa del Sol y que se producen sin que, a veces, la instrucción confirme más tarde las sospechas y demuestre la responsabilidad de los que ahora aparecen acusados y expuestos de forma vergonzante ante la opinión pública.
Libertad provisional para otros 4 de los detenidos en Estepona
ESTEPONA, Málaga (Reuters) - Otros cuatro de los 25 detenidos en la operación contra la corrupción urbanística en la localidad malagueña de Estepona quedaron en libertad el miércoles, sumándose a los cinco que fueron puestos en libertad durante la madrugada, informaron fuentes judiciales.
Se trata de dos abogados y de dos empresarios. Uno de los empresarios, Luis Fernando Linares, deberá pagar una fianza de 500.000 euros, mientras que a los dos abogados, Armando Pérez y David Delgado, se les ha interpuesto una fianza de 100.000 euros.
Linares ha sido acusado de los delitos de fraude y malversación, mientras que a Pérez y Delgado se les acusa por fraude, malversación y tráfico de influencias, agregaron las fuentes.
El segundo empresario, Enrique González, ha sido puesto en libertad sin fianza. González fue el responsable de la campaña publicitaria del PSOE a las elecciones de Estepona en 2007 y ha sido acusado de tráfico de influencias.
La juez instructora del caso estaba recogiendo las declaraciones de otros cuatro detenidos.
Durante la madrugada, otros cinco detenidos quedaron en libertad con cargos.
Tres de ellos tuvieron que pagar una fianza, entre los que destaca José Romero, propietario de una importante empresa andaluza, la promotora y constructora Prasa, que tuvo que abonar 500.000 euros.
El alcalde de Estepona, el socialista Antonio Barrientos, salió de la sede del consistorio a las 5 de la mañana al terminar el registro policial, que había comenzado a las 13:00 del martes.
Entre los otros detenidos de la "operación Astapa", que dirige la titular del Juzgado Número 1 de Estepona Isabel Conejo, están el arquitecto municipal, Arturo Cebrián, el concejal de Hacienda, Francisco Zamorano, el ingeniero de urbanismo Javier Wittemeur y el jefe de gabinete de la alcaldía José Flores, agregaron las fuentes.
Los delitos implicados son cohecho, prevaricación, tráfico de influencias y blanqueo, según la Fiscalía Anticorrupción.
La trama de corrupción urbanística arranca en la anterior legislatura, a partir de noviembre de 2006 y tiene ramificaciones en Madrid, Córdoba, Bilbao y San Sebastián.
En la operación se han realizado 38 registros domiciliarios y societarios y se ha ordenado el bloqueo de numerosas cuentas corrientes y activos financieros.
Antonio Barrientos está al frente del Ayuntamiento de Estepona desde 2003, cuando formó gobierno con los apoyos del ex GIL (ahora conocido como PES, Partido de Estepona). En las últimas elecciones municipales, en mayo de 2007, el PSOE mejoró sus resultados y subió de seis a 11 su número de ediles, frente a los cinco del PES y del PP.
El Gobierno municipal está integrado por los 11 concejales del PSOE, los dos del PA, el de IU y el de Estepona 2007 - una ex alcaldesa del PP.
EXPULSIÓN DEL PSOE
El PSOE recordó que va a tener "tolerancia cero" ante la corrupción y anunció la expulsión del primer edil.
"Hay que respetar los derechos constitucionales de todo el mundo, pero hay que ser inflexibles y cualquier sombra de sospecha debe llevar a una política inmediata, que en el caso socialista ha llevado a expulsar a este alcalde", declaró el portavoz del PSOE en el Congreso, José Antonio Alonso.
Además, la Ejecutiva regional ha abierto expediente de expulsión a los concejales implicados en la investigación policial.
La Costa del Sol ha sido escenario de varias operaciones contra la corrupción, como las que se desarrollaron en Marbella o la "operación Ballena Blanca" sobre el blanqueo de dinero.
Actualizado 19.06.2008 - 01:00
LA Policía acaba de descabezar a otro ayuntamiento de la Costa del Sol por tejer un supuesto entramado para cometer delitos urbanísticos con un patrón muy similar al del caso Malaya. El alcalde socialista de Estepona, Antonio Barrientos, varios concejales, técnicos municipales y cargos de confianza, familiares, empresarios y abogados conforman el amplio listado de detenciones con el que ha arrancado esta Operación Astapa, el nombre fenicio de la localidad. La investigación es muy amplia. La Policía se ha llevado documentación de la contabilidad del Ayuntamiento desde 2003, así como las contrataciones y los convenios urbanísticos suscritos desde entonces. En la práctica, significa cuestionar toda la gestión del alcalde esteponero. La Policía investiga ocho presuntos delitos muy graves, desde blanqueo de dinero, malversación o cohecho a tráfico de influencias y delito urbanístico. Como sucediera hace dos años en Marbella, la actuación iniciada por la Fiscalía Anticorrupción en Estepona no ha causado excesiva sorpresa. Las decisiones bajo sospecha de Barrientos han sido muchas. Desde donaciones de constructoras para pagar nóminas a intentos de sortear la Ley de Suelo para sacar adelante convenios. Barrientos no tuvo empacho en pactar la Alcaldía en 2003 con el ala dura del GIL de Estepona, reconvertida en el PES. Dos de los concejales socialistas del equipo de gobierno incluso han denunciado en vano por vía interna ante la ejecutiva provincial socialista los posibles abusos que se estaban cometiendo en Estepona. Suena a mala conciencia la rápida decisión adoptada por el PSOE-A de tramitar la expulsión del alcalde. En la confianza de que se impondrá el imperio de la ley y se perseguirán hasta el final los delitos que se hayan cometido, no queremos dejar de llamar la atención acerca del grave perjuicio que a la imagen de Andalucía y a sus posibilidades de desarrollo causan estas actuaciones de gran impacto mediático y alarma social, que estigmatizan a la Costa del Sol y que se producen sin que, a veces, la instrucción confirme más tarde las sospechas y demuestre la responsabilidad de los que ahora aparecen acusados y expuestos de forma vergonzante ante la opinión pública.
Libertad provisional para otros 4 de los detenidos en Estepona
ESTEPONA, Málaga (Reuters) - Otros cuatro de los 25 detenidos en la operación contra la corrupción urbanística en la localidad malagueña de Estepona quedaron en libertad el miércoles, sumándose a los cinco que fueron puestos en libertad durante la madrugada, informaron fuentes judiciales.
Se trata de dos abogados y de dos empresarios. Uno de los empresarios, Luis Fernando Linares, deberá pagar una fianza de 500.000 euros, mientras que a los dos abogados, Armando Pérez y David Delgado, se les ha interpuesto una fianza de 100.000 euros.
Linares ha sido acusado de los delitos de fraude y malversación, mientras que a Pérez y Delgado se les acusa por fraude, malversación y tráfico de influencias, agregaron las fuentes.
El segundo empresario, Enrique González, ha sido puesto en libertad sin fianza. González fue el responsable de la campaña publicitaria del PSOE a las elecciones de Estepona en 2007 y ha sido acusado de tráfico de influencias.
La juez instructora del caso estaba recogiendo las declaraciones de otros cuatro detenidos.
Durante la madrugada, otros cinco detenidos quedaron en libertad con cargos.
Tres de ellos tuvieron que pagar una fianza, entre los que destaca José Romero, propietario de una importante empresa andaluza, la promotora y constructora Prasa, que tuvo que abonar 500.000 euros.
El alcalde de Estepona, el socialista Antonio Barrientos, salió de la sede del consistorio a las 5 de la mañana al terminar el registro policial, que había comenzado a las 13:00 del martes.
Entre los otros detenidos de la "operación Astapa", que dirige la titular del Juzgado Número 1 de Estepona Isabel Conejo, están el arquitecto municipal, Arturo Cebrián, el concejal de Hacienda, Francisco Zamorano, el ingeniero de urbanismo Javier Wittemeur y el jefe de gabinete de la alcaldía José Flores, agregaron las fuentes.
Los delitos implicados son cohecho, prevaricación, tráfico de influencias y blanqueo, según la Fiscalía Anticorrupción.
La trama de corrupción urbanística arranca en la anterior legislatura, a partir de noviembre de 2006 y tiene ramificaciones en Madrid, Córdoba, Bilbao y San Sebastián.
En la operación se han realizado 38 registros domiciliarios y societarios y se ha ordenado el bloqueo de numerosas cuentas corrientes y activos financieros.
Antonio Barrientos está al frente del Ayuntamiento de Estepona desde 2003, cuando formó gobierno con los apoyos del ex GIL (ahora conocido como PES, Partido de Estepona). En las últimas elecciones municipales, en mayo de 2007, el PSOE mejoró sus resultados y subió de seis a 11 su número de ediles, frente a los cinco del PES y del PP.
El Gobierno municipal está integrado por los 11 concejales del PSOE, los dos del PA, el de IU y el de Estepona 2007 - una ex alcaldesa del PP.
EXPULSIÓN DEL PSOE
El PSOE recordó que va a tener "tolerancia cero" ante la corrupción y anunció la expulsión del primer edil.
"Hay que respetar los derechos constitucionales de todo el mundo, pero hay que ser inflexibles y cualquier sombra de sospecha debe llevar a una política inmediata, que en el caso socialista ha llevado a expulsar a este alcalde", declaró el portavoz del PSOE en el Congreso, José Antonio Alonso.
Además, la Ejecutiva regional ha abierto expediente de expulsión a los concejales implicados en la investigación policial.
La Costa del Sol ha sido escenario de varias operaciones contra la corrupción, como las que se desarrollaron en Marbella o la "operación Ballena Blanca" sobre el blanqueo de dinero.
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