El CAC recupera su lado más provocador con la obra autobiográfica de Tracey Emin

El centro de arte malagueño presenta la primera retrospectiva en España de la polémica creadora británica, que inspira sus propuestas en personajes y sucesos de su vida privada

Cuando sucede un accidente en la autovía, el atasco también se forma en el sentido contrario. Es el 'efecto mirón'. Los conductores reducen la velocidad para ver mejor qué ha pasado. Quien más y quien menos se detiene en las galerías fotográficas de las páginas de ecos de sociedad de los periódicos, en las hojas de papel satinado de las revistas, en 'Gran Hermano' y Facebook. El exhibicionismo de unos sacia el vouyerismo de todos. Son las reglas innombrables de un juego tácito y perverso.
Ante ese mirón inconfesable posa la británica Tracey Emin (Croydon, Londres, 1963). Lo hace vestida, desnuda y en el proceso que va de un estado a otro. Lo hace a través de dibujos en cuadernos, de lienzos pintados, de tubos de neón con mensajes tan elocuentes como 'When I think about sex I think about men-women, dogs, lions, group sex (and I love you all)'; algo así como 'Cuando pienso en sexo pienso en hombres-mujeres, perros, leones, sexo en grupo (y me encanta todo)'. O bien 'My count is wet with fear' ('Mi coño está húmedo de miedo').
Emin reina en el olimpo del mercado del arte contemporáneo junto a compañeros de generación como Damien Hirst y los hermanos Chapman. Los llamados Jóvenes Artistas Británicos, los cuatro jinetes del Apocalipsis para una parte de la crítica y nuevos genios para otros. Apóstoles del mal gusto o visionarios incomprendidos. La genialidad o la estafa. En cualquier caso, nombres de proyección planetaria y cotización astronómica.
De Damien Hirst era una de las primeras obras adquiridas por el Centro de Arte Contemporáneo de Málaga (CAC Málaga) y los hermanos Chapman protagonizaron la primera muestra de repercusión internacional en el antiguo mercado de abastos. Ahora, el CAC recupera su faceta más provocadora con la obra de Tracey Emin.
A vueltas con la cama
El centro de arte malagueño acoge hasta el 22 de febrero la primera retrospectiva dedicada en España a la polémica creadora británica. Controvertida desde el principio de su carrera, pero sobre todo desde que resultó finalista del prestigioso Premio Turner con su pieza 'My bed' (1998). El título no engaña: una cama revuelta con sábanas, profilácticos y tampones usados, botellas abiertas, ceniceros llenos y demás restos del naufragio cotidiano.
Esa cama es uno de los grandes reclamos de 'Tracey Emin. 20 años'. Y si la obra de Emin parte de su propia vida, la exposición del CAC deja en el visitante cierto aire de desaliento. Emin exhibe una biografía descarnada que se filtra en sus obras. El sexo, la familia, el amor, la soledad, el sexo de nuevo, la depresión, el alcohol, la fama, la incomunicación, sus viajes y el sexo otra vez desfilan en una multitud de soportes y formatos.
Las piezas audiovisuales conviven con las instalaciones, los cuadros con las fotografías y los objetos. Todo mezclado y revuelto, como en la famosa cama, como en la recreación de la sala donde Emin pasó el infierno de la depresión. «Los cambios en su obra se observan a partir de hechos biográficos», explicaba ayer el director del CAC Málaga, Fernando Francés, al hilo de la exposición procedente de las National Galleries de Escocia.
Herir la sensibilidad
Si se fija bien, lo primero que encuentra el visitante es un cartel que le advierte de que el contenido de la muestra puede herir su sensibilidad. Algo parecido sucedió en el CAC con las propuestas de los hermanos Chapman, Santiago Sierra, Jason Rhoades o Paul McCarthy. El caso de Tracey Emin parece menos agresivo que los anteriores, más cercano a la desolación interior. Al desconsuelo.
Quizá por eso, el director del CAC Málaga animó al público a acercarse «sin prejuicios» a la obra de la creadora británica. «Tracey Emin rompe muchos esquemas y por eso es una gran incomprendida», reivindicó Francés. En su opinión, la artista ha recibido «críticas absurdas» como la de comercializar con su vida privada o la de presentar una visión victimista de sí misma.
Sin embargo, Francés defendió ayer que Tracey Emin es «una superviviente y nadie así pierde el tiempo haciéndose la víctima». Además, no todo es desolación en la muestra del CAC. Un contrapunto algo menos sombrío llega de sus colchas bordadas con mensajes diversos -'Hotel International' (1993) o 'Star Trek Voyager' (2007)- o de sus acrílicos realizados entre 2006 y 2007.
Una luz, al menos un atisbo de color, atisbado en los últimos pasos de la exposición, que son los últimos años en la vida de Emin. Quién sabe, quizá esté cerca el final de ese túnel.

Vecinos de Río Real acudirán a organismos europeos si no se regularizan sus viviendas

MARBELLA
Los dueños, de 14 nacionalidades distintas, advierten que denunciarán el caso en sus embajadas si el PGOU no les da cobertura


Los propietarios de Río Real Playa, una de las urbanizaciones que se quedan fuera del Plan de Ordenación Urbana elaborado por el Consistorio, han anunciado que están dispuestos a acudir a instancias internacionales hasta conseguir el mismo trato que han recibido otras promociones urbanísticas construidas al margen de ordenación y que serán regularizadas.
Se trata de 60 viviendas, en un 90 por ciento adquiridas por propietarios de 14 nacionalidades diferentes, 29 de las cuales están pendientes de la orden de demolición, después de que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) anulara en sentencia la licencia que el propio Ayuntamiento de Marbella concedió con Jesús Gil como alcalde. La razón, ocupan suelo a pie de playa reservado para zona verde y equipamiento deportivo y cultural con protección arqueológica. Según la Junta, durante su construcción se destruyó un yacimiento arqueológico. El equipo de gobierno acordó, sin embargo, no ejecutar esta y otras sentencias hasta la aprobación definitiva del PGOU.
«Algunos propietarios extranjeros sopesan dirigirse al Ayuntamiento, solicitar su indemnización y marcharse a su país de origen porque no les merece la pena vivir bajo esta administración. Otros van a luchar por sus derechos», aseguró la comunidad de propietarios de la urbanización en un comunicado.
Tribunal de Estrasburgo
Entre las medidas que contemplan se encuentran querellarse contra el Ayuntamiento y la Junta por presunta prevaricación y dirigirse a sus respectivas embajadas para que sus gobiernos «les defiendan», apuntan. Además, tienen pensado dirigirse al Defensor del Pueblo, andaluz y nacional, y acudir, si así es necesario, al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo.
Los vecinos aseguran que todos ellos son compradores de buena fe que adquirieron los inmuebles de forma legal a través de una licencia otorgada por el Ayuntamiento , que después fue impugnada por la entonces concejal socialista, Isabel García Marcos. Recuerdan que la propia Junta de Andalucía «autorizó la continuación de las obras» tras el descubrimiento del yacimiento y aseguran que tampoco invade el dominio público marítimo terrestre «ya que el deslinde de 2006 sólo consideraba ilegal un restaurante ubicado en la playa que aún continua en pie».
No es la única urbanización de Río Real cuyo futuro pende de un hilo. El promotor inmobiliario imputado en el 'caso Malaya' José Ávila Rojas tiene hasta el 21 de diciembre para demoler una estructura levantada en esta misma zona al encontrarse en situación irregular.

Intervenidas tres toneladas de hachís en el Guadalquivir

Una de las embarcaciones pilladas cargada de droga. La Policía Nacional informó ayer de la intervención de tres toneladas de hachís durante un control realizado en la desembocadura del río Guadalquivir, a la altura del municipio gaditano de Sanlúcar de Barrameda. Según explicó, los policías detectaron la presencia de una embarcación semirrígida sospechosa, de gran potencia y eslora, a cinco millas de la costa de Sanlúcar en actitud de espera.
A los pocos minutos, se localizaron otras dos embarcaciones tipo «foreña» que habían partido de la localidad gaditana se dirigían al lugar donde permanecía la anterior. Cuando se produjo el encuentro entre las tres, los policías pudieron observar como sus tripulantes trasbordaban fardos desde la de mayor tamaño a las más pequeñas. Una vez finalizado el trasvase, la primera de las lanchas regresó a gran velocidad a las costas marroquíes y las otras dos comenzaron a remontar el río Guadalquivir.
Los agentes, que previamente habían solicitado la colaboración de medios aéreos y terrestres, siguieron río arriba a las dos embarcaciones. En un momento determinado, los policías vieron como, a la altura de la zona conocida como muelle del Real Fernando, alcanzaban una barca, de las llamadas «anguleras», fondeada en medio del río. Permanecieron junto a ésta durante media hora y, posteriormente, ambas embarcaciones emprendieron la huida. Gracias a la intervención del helicóptero de apoyo, los agentes lograron interceptar a una de las embarcaciones y que la otra quedara embarrancada en la orilla. Con posterioridad se comprobó que la embarcación embarrancada estaba cargada con 47 fardos de hachís.

Condenadas a libertad vigilada tres alumnas de Benamocarra por acoso escolar a una compañera

Una jueza de Menores les ha impuesto también una orden de alejamiento y seis fines de semana sin salir de su domicilio Fueron denunciadas por agredir a la víctima, grabarla con el móvil y quemarle la mochila

Tres menores de Benamocarra han sido condenadas por la situación de acoso escolar denunciada por una compañera de instituto. La jueza les ha impuesto dos años de libertad vigilada con una prohibición de acercarse a la víctima y seis fines de semana sin salir de su domicilio, según ha podido saber SUR.
El caso, que tuvo una gran repercusión mediática, se remonta a noviembre de 2007. La Guardia Civil tuvo conocimiento de los hechos tras el último incidente, en el que le prendieron fuego a la mochila de la víctima al salir de clase.
La investigación del Instituto Armado destapó episodios anteriores. De hecho, un mes antes, en septiembre, las tres menores fueron expulsadas del colegio durante un mes por pegar y grabar con el móvil a la adolescente, que en ese momento tenía 13 años. El vídeo de la agresión fue distribuido vía 'bluetooth' entre los chavales del pueblo.
La familia de la víctima denunció que el acoso que sufría la menor le causó trastornos en la alimentación y problemas para dormir. Ante esta situación, la Guardia Civil decidió imputar a las tres presuntas agresoras, de 14 y 15 años, que fueron citadas por la Fiscalía y después por el juzgado, que le impuso una serie de medidas cautelares. Ya entonces se les prohibió acercarse a la víctima y se dictó una medida de libertad vigilada. La Delegación de Educación también tomó cartas en asunto y optó por trasladar a las menores a institutos cercanos.
Ahora, tras un año de investigación, la jueza de Menores encargada del caso consideró a las adolescentes autoras de los delitos que se le imputaban. Las tres chicas han sido condenadas por un delito y una falta de lesiones, y un delito contra la integridad moral. Además, a una de ellas se le añade un delito de revelación de secretos y, a otra, una falta de daños.
Seguimiento del caso
Con estos mimbres, la jueza les ha impuesto a las tres adolescentes el cumplimiento de dos años en régimen de libertad vigilada, que consiste en un seguimiento exhaustivo por parte del equipo técnico de la Fiscalía de Menores.
También se les castiga con seis fines de semana domiciliarios (la imposibilidad de salir de su casa durante ese tiempo), y se les prohíbe acercarse o comunicar con la víctima por cualquier medio, según confirmaron a este periódico las fuentes consultadas.
La sentencia, que no es firme, ya que no hubo conformidad, fue dictada el pasado 11 de noviembre y ha sido notificada hace unos días a las partes.

Tráfico da la vuelta a las multas

Más rebajas en el pago anticipado, agilidad burocrática y comunicación por 'e-mail' son las apuestas de la DGT


El Gobierno quiere cambiar el sistema de cobro de las multas y acabar con los vericuetos legales que permiten dilatar en la administración el pago de las sanciones. El Consejo de Ministros aprobó ayer una revolución para acabar con el enemigo número uno del sistema sancionador: el tiempo que transcurre desde que se comete la infracción hasta que se impone el castigo. Menos notificaciones oficiales, uso de las nuevas tecnologías y la fijación de las multas son las principales novedades del anteproyecto de ley.
La Dirección General de Tráfico (DGT) ha constatado que con la entrada del carné por puntos se han multiplicado los problemas para que el sistema sancionador funcione. Es un procedimiento demasiado largo para un campo que mueve a lo largo del año unos 15 millones de expedientes. Este problema se acentuó con la consideración del exceso de alcohol como un delito. Si el castigo se impone por juicio rápido, no pasa nada; en cambio, si se considera una infracción administrativa, pueden pasar como mínimo cinco meses hasta que se ejecute la sanción y se pierdan los puntos.
La misma lenta situación sucede con las notificaciones, ya que no es fácil localizar al infractor en su domicilio físico. Cuando esto falla, sólo quedan los boletines oficiales como medio de comunicación. Sin embargo, el porcentaje de personas que leen estos documentos es ínfimo. Por estos motivos, el Ejecutivo decidió reformar de arriba abajo las comunicaciones de las sanciones. El anteproyecto contempla que será necesaria una sola notificación en vez de las tres actuales. Además, se va a crear la Dirección Electrónica Vial (DEV). Ésta, en principio, se asignará de forma obligatoria por la DGT a todos los titulares de un vehículo, así como a las personas físicas que lo soliciten. De esta manera, se practicarán las notificaciones por vía telemática con todas las garantías a efecto legal.
Rebaja del 40%
La agilidad también llega al pago anticipado. Si el infractor abona su sanción en 15 días, tendrá una reducción del 40% (ahora es del 30%). También se contempla la posibilidad de que se rebaje ese mismo porcentaje a la suspensión del carné. Sin embargo, aquellos que no opten por este camino verán acortados los plazos. El procedimiento acabará en un mes, con sanción firme y ejecutiva.
El Gobierno también quiere acabar con las horquillas en las multas. Así, se fijan cantidades exactas: 100 euros para las infracciones leves, 200 para las graves y 500 para las muy graves. Éstas se podrán incrementar hasta un 30% por la existencia de circunstancias adicionales. «Esto no derivará en un incremento de la cuantía de las multas, significa que será el tipo de infracción el que defina el grado de penalización. A mayor infracción, mayor penalización», afirmó la vicepresidenta, María Teresa Fernández de la Vega. También se fija la cuantía del castigo por exceso de velocidad en función de los kilómetros.
Por último, el anteproyecto contempla una revisión de las sanciones. Se eliminan algunas, como la suspensión del permiso de conducción para las graves y se mantienen sólo para las muy graves en dos meses; también se incluyen otras como la suspensión del permiso de circulación si no se identifica al conductor del vehículo con el que se ha cometido la infracción. Para los extranjeros no residentes, se les prohibirá utilizar el vehículo durante un mes, además de perder los puntos.
El anteproyecto completo en: http://www.la-moncloa.es/