Además, casi 9.000 arrendadores se han acogido en Málaga al sistema de arbitraje, que permite reducir los costes y plazos en caso de desahucio Con esta fórmula, los inquilinos han de presentar sus nóminas o avales
Las pólizas de crédito y caución ganan terreno como la alternativa más segura para los propietarios de casas en alquiler frente a los temidos impagos. Pese a que las últimas reformas legislativas en materia de arrendamiento han supuesto mayores garantías jurídicas para dueños e inquilinos, las agencias especializadas y particulares siguen mostrando ciertos recelos a la hora de ofrecer sus pisos y buscan en los seguros el blindaje necesario. Con el alquiler ocurre como con las grandes tragedias de la historia de Málaga: todas las familias tienen algo que lamentar. Juicios eternos para conseguir echar a un inquilino que no paga, pisos destrozados y ocupantes que se multiplican muy por encima de los metros cuadrados disponibles copan el grueso del anecdotario. Precisamente, Málaga es la provincia andaluza en la que se han suscrito más contratos mediante el sistema de la denominada garantía de alquiler, con un total de 8.980, según los datos aportados por la Corte de Arbitraje. La fórmula se creó en 2004 y consiste en un documento que se añade al contrato de arrendamiento y por el que, en caso de conflicto entre las partes, la resolución se somete a arbitraje y no a los juzgados ordinarios, lo que acorta drásticamente los plazos de espera. No obstante, esta opción sólo es efectiva si ambas partes se atienen al dictamen y se someten al arbitrio, algo que no siempre ocurre cuando el inquilino moroso sólo busca ganar tiempo para habitar un piso gratis.
Más rápido
La Corte de Arbitraje garantiza que la vista de estos conflictos por un árbitro tenga lugar en un plazo máximo de treinta días, frente a los nueve meses que se puede demorar el proceso en los juzgados ordinarios. Con esta mejora, el organismo pretende eliminar la percepción de inseguridad jurídica que persiste entre los potenciales arrendadores por la lentitud de la Justicia en estos casos.Para acogerse, sólo es necesario solicitarlo en alguna de las casi 120 agencias inmobiliarias de la provincia (31 en la capital) que están homologadas en la Corte de Arbitraje para realizar este procedimiento. Cuesta unos 42 euros, y serán necesarios otros 300 más en caso de conflicto. Mientras, desde la Corte de Arbitraje aseguran que un juicio convencional tendría un coste superior a los mil euros. En el supuesto de que alguna de las partes no esté de acuerdo, se produciría lo que se denomina una acción de anulación, con lo que el conflicto pasaría a resolverse directamente ante la Audiencia Provincial. Desde que esta opción está disponible se han producido en Málaga unos 400 arbitrajes, la inmensa mayoría por impago, aunque otras causas fueron las obras no permitidas, el subarriendo del inmueble y la negación de la prórroga de la estancia al inquilino.
Seguro privado
Pero no es esta la única herramienta que los propietarios tienen para evitar sustos. Los seguros privados de crédito y caución se han impuesto hasta tal punto que prácticamente la totalidad de los arrendatarios que acuden a una agencia en busca de clientes los suscriben. Se trata de pólizas que protegen frente a un potencial impago, de manera que la aseguradora asumiría la deuda del arrendatario hasta que se produzca el desahucio o se resuelva la situación de falta de liquidez. Desde la agencia inmobiliaria Renta Casa, especializada en alquileres, exponen que la clave está en las fuertes garantías que la aseguradora exige, como la nómina del inquilino o la firma de un avalista.A ello, se añade el hecho de que el seguro forma parte de los requisitos para que la vivienda pueda formar parte del programa de alquiler para jóvenes de la Junta de Andalucía. En este caso, recuerdan desde Renta Casa, la propia intervención del Gobierno andaluz actúa como garantía para un número creciente de propietarios.
