El juez instructor del 'caso Malaya', Óscar Pérez, ha solicitado información al Juzgado de Primera Instancia número 5 de Marbella sobre la forma de pago de los cerca de 940.000 euros aportados por la ex alcaldesa Marisol Yagüe para evitar que su chalé saliera a subasta pública, según fuentes judiciales. En la providencia, fechada el 24 de septiembre, un día después de la suspensión de la subasta, el magistrado pide que se notifique «la forma y persona» que procedió al depósito del dinero. Marisol Yagüe salvó su chalé de ser subastado en el último minuto consignando a contrarreloj algo más de 939.000 euros en la cuenta bancaria del Juzgado de Primera Instancia 5 en tres pagos fraccionados, dos de ellos en metálico de 16.751 y 200.000 euros y un tercero en cheque por importe de 722.000 euros. Los tres a nombre de Marisol Yagüe y los tres procedentes de la empresa Hacienda Monterey S.L. de la que es administrador único su hermano, Julio Yagüe Reyes. La cuantía total fue la exigida por el juez para evitar que el chalé, ubicado en la urbanización Xarblanca y tasado en 1,9 millones, saliera a subasta pública dentro de la ejecución de la sentencia por las obras de reforma acometidas por la empresa Copasur en el inmueble. El abogado de la ex alcaldesa, Alfredo López Hidalgo, no especificó en su momento el origen del dinero, aunque confirmó a SUR que las cuentas bancarias y los bienes de Yagüe «no están bloqueados ni intervenidos judicialmente» a pesar de ser una de las imputadas del 'caso Malaya'.Nueva declaraciónPor otra parte, Yagüe prestó ayer declaración como imputada en el Juzgado de Instrucción número 2 de Marbella por la querella presentada por un ex representante sindical del Ayuntamiento y ex conserje de un colegio público por los supuestos delitos contra los derechos de los trabajadores, prevaricación y lesiones morales. La ex alcaldesa declaró ante el juez que la apertura de expedientes no era de su competencia sino del Área de Personal del Ayuntamiento, según informaron fuentes de su defensa. El ex conserje presentó en 2007 una querella en la que denunciaba el trato recibido por los responsables del centro, desde donde se remitieron quejas al Ayuntamiento, que abrió los correspondientes expedientes disciplinarios, recurridos en los juzgados de lo Social. La querella se interpuso, además, contra la presidenta de la Asociación de Padres de Alumnos, también citada ayer; y contra el director del centro y el ex concejal de Personal José Luis Fernández Garrosa, que deberán comparecer hoy en los juzgados.
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