CASO MALAYA: Roca sorprende al admitir que pagó al juez De Urquía 73.000 euros por favores judiciales

MÁLAGA

El ex asesor urbanístico se declara autor del delito de cohecho tras reconocer que le entregó personalmente el dinero en unos sobres. El magistrado niega los hechos por los que se enfrenta a tres años de prisión
INESPERADO GIRO. El juez De Urquía atribuyó la confesión de Roca a un «pacto con la Fiscalía».
LOS ACUSADOS
Juan Antonio Roca: Considerado el presunto cerebro del 'caso Malaya' se encuentra en el penal de Albolote (Granada) cumpliendo prisión provisional por el 'caso Saqueo'. Imputado en 44 procedimientos judiciales más, aún pendientes de la celebración del juicio, se enfrenta en este caso a tres años de prisión, 177.000 euros de multa y 9 años de inhabilitación para cargo público como presunto cooperador necesario en los delitos de cohecho y negociación prohibida a funcionario público, la misma pena que Arnaud. Ayer se reconoció autor del primero de los delitos que se le imputan.

Francisco Javier de Urquía: Separado del juzgado de Instrucción 2 de Marbella desde hace un año, el magistrado tiene pendientes, además del actual juicio, otro procedimiento en el TSJA por su actuación en la instrucción del 'caso Hidalgo', procedimiento en el que también está imputado Arnaud Fabrice A. Se enfrenta, además, a un expediente disciplinario por falta muy grave abierto por el Consejo General del Poder Judicial por haber podido asesorar a personas del entorno de Roca.

Arnaud Fabrice A.: Hijo de Olivia Valère, dueña de la discoteca del mismo nombre, es un conocido empresario de la noche marbellí. Además de los dos procedimientos en los que está implicado junto a su amigo el juez De Urquía, se encuentra en libertad con cargos por recibir supuestamente un trato de favor de agentes de la Udyco procesados, su tercera imputación en menos de un año.

La confesión de Roca de haber pagado más de 70.000 euros al juez Francisco Javier de Urquía dio un vuelco inesperado al juicio en el que el ex asesor urbanístico comparte banquillo con el magistrado marbellí y el empresario Arnaud Fabrice A. en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) por presunto cohecho, prevaricación y negociación prohibida a funcionario. En un ataque de sinceridad echó por tierra la estrategia de defensa de los demás acusados y la suya propia hasta el punto de que el abogado de De Urquía intentó una vez más sin éxito que la vista se suspendiera por el «inesperado giro» del caso, mientras su propio letrado mostraba su «sorpresa». Hasta en cinco ocasiones confirmó haber pagado el 17 de marzo de 2006, 73.800 euros al juez como adelanto de la compra de una vivienda a cambio de «ayuda judicial», aunque no concretó si fue como compensación por haberle supuestamente ayudado en la denuncia que en esos días interpuso contra un programa de televisión local en el que se cuestionaba el origen de su patrimonio, motivo del juicio.En declaraciones anteriores ante el juez instructor, en septiembre y julio de 2007, Roca siempre había negado los hechos. Es más, se trata de la primera vez que el presunto cerebro del 'caso Malaya' reconoce la autoría de un delito y lo hace en su primer juicio, una pieza separada de la supuesta trama de corrupción marbellí, por la que los tres acusados se enfrentan a tres años de prisión, multas que oscilan entre 177.000 y 213.000 euros e inhabilitación para cargo público que, en el caso del juez, llega a los 19 años, lo que supondría el fin de su carrera judicial.Roca narró con detalle la petición de ayuda del juez para la compra de una casa en la urbanización Azalea Beach de Marbella, cómo negoció las condiciones del contrato, las dos entrevistas que mantuvieron en su despacho y la entrega del dinero que le hizo personalmente en metálico en dos sobres: 63.000 euros como señal de la vivienda, actual residencia del juez, y 10.800 más por los intereses anticipados, tal como aparece en la anotación por orden suya que más tarde se descubrió en los archivos de su empresa, Maras Asesores, origen de la 'operación Malaya'. En su declaración exculpó al también acusado Arnaud Fabrice A., gerente de una conocida discoteca marbellí. Aseguró que, si bien le presentó al juez y le hizo llegar su petición de ayuda «se mantuvo totalmente al margen del pago» limitándose a recoger el contrato de compraventa en Maras, versión que coincidió con la posterior declaración del empresario que dijo no recordar el contenido de las conversaciones telefónicas intervenidas por la policía.Después del revuelo inicial, le tocó el turno al juez Francisco Javier de Urquía, separado desde hace un año del Juzgado de Instrucción 2 de Marbella, que aseguró que el «diametral» cambio de declaración de Juan Antonio Roca obedecía a un posible pacto con la Fiscalía a cambio de un «trato de favor» según los «rumores» que corrían como la pólvora desde que se iniciara el juicio el pasado lunes, algo que el propio ex asesor urbanístico se apresuró a negar. El magistrado, visiblemente nervioso, negó haber aceptado un soborno y haberse entrevistado con Roca. Defendió su actuación como magistrado en la tramitación de la denuncia interpuesta por el ex asesor urbanístico e indicó que fue su mujer y no Roca quien le adelantó el dinero de la vivienda.Uno de los inspectores jefe de la Udyco que llevó la investigación llegó, incluso, a afirmar que, a su juicio, no se trató de un «pago único al juez sino de una trayectoria de pagos». Las declaraciones de los primeros testigos arrojaron algunos datos hasta ahora desconocidos, como que fue el entonces juez instructor del 'caso Malaya', Miguel Ángel Torres, amigo y compañero de De Urquía, quien reconoció su voz en las conversaciones telefónicas con Roca. Hoy está previsto que finalice el juicio tras la práctica de las pruebas periciales y las conclusiones finales de las partes, que podrían modificar sus peticiones. El teniente fiscal Guillermo Sena sustituye provisionalmente al fiscal jefe del TSJA, Jesús García Calderón, al frente del caso hasta que la Fiscalía General del Estado se pronuncie sobre la abstención o no de este último, y ello a pesar de que la presidenta del tribunal, Inmaculada Montalbán, desestimó todas las cuestiones previas planteadas por las defensas, incluyendo esta última presentada por el abogado de De Urquía en un intento más de retrasar el procedimiento.