Los jueces malagueños ponen fecha a una huelga si no se ataja el actual colapso

La judicatura amenaza con nuevas medidas de protesta si las mejoras no llegan antes de final de año. Reclaman más juzgados y una veintena de funcionarios

EL PARO
Seguimiento: Fue respaldado por 126 de los 131 secretarios judiciales de la provincia (96,19%).Incidencia: Obligó a suspender medio millar de juicios y otras tantas actuaciones judiciales.Motivos: Falta de recursos materiales y humanos, así como protesta por la sanción de dos años a la secretaria judicial del 'caso Mari Luz'.

La Ciudad de la Justicia presentaba ayer un aspecto inusual. La entrada, donde suelen acumularse usuarios del edificio, en su mayoría fumadores, estaba menos transitada de lo habitual. En el hall había un trasiego extraño. Los jueces, en grupo, sin togas ni juicios. Abogados sin trabajo del día sentados junto a sus clientes mientras les explican que tendrán que venir en otra fecha. Y periodistas yendo de un lado a otro, cámara en ristre, para retratar una sala vacía, los pasillos desiertos. En definitiva, una instantánea que ilustrara lo que ayer ocurrió en Málaga: la actividad en los juzgados quedó paralizada.Los secretarios judiciales llevaron a cabo el paro anunciado -de 10 a 13 horas- para protestar por la sanción de dos años impuesta tras el 'caso Mari Luz' a la compañera que trabaja en el juzgado del que es titular Rafael Tirado. No estuvieron solos. A su protesta se sumó la de jueces y magistrados, que celebraron ayer sus respectivas juntas generales, en las que mostraron su rechazo por las injerencias políticas en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a raíz del mismo caso.Sin embargo, unos y otros coincidieron en el trasfondo de sus reivindicaciones: la falta de medios materiales y humanos, que aboca al colapso que actualmente sufre el sistema judicial. Ayer, en un paro histórico, la judicatura malagueña lanzó un órdago a la Administración. Si no mueve ficha de aquí a final de año, los jueces de la capital amenazan con ir a la huelga.Esa es una de las principales conclusiones de la junta general celebrada ayer. Arropado por casi la totalidad de sus compañeros, el juez decano de Málaga, Manuel Caballero Bonald, leyó los términos del acuerdo adoptado en la reunión: «Si a finales de año no se han comenzado a dar pasos concretos y significativos en la dirección de alcanzar los objetivos planteados, realizaremos nuevas acciones de protesta entre las que no se descarta ejercer el derecho de huelga, derecho constitucional de cuyo ejercicio entendemos que no estamos excluidos los jueces».Otra medida planteada en la junta general consiste en limitar el reparto de asuntos, que en Málaga ya están superados en todas las jurisdicciones, según explicó Caballero Bonald. Los jueces volvieron a denunciar la sobrecarga de asuntos que padecen los órganos judiciales de Málaga y reiteraron la necesidad de crear juzgados para equiparar la ratio de España de 10 jueces por cada 100.000 habitantes a la que tienen otros países del entorno como Alemania, con 24 o Grecia, con 17. «Hacen falta más juzgados y más jueces, porque además no se tiene en cuenta la población real», dijo.También plantearon la necesidad de incrementar la plantilla de los juzgados de lo Penal con dos funcionarios más, con lo que habría diez en cada uno. Así, sería necesario contratar a una veintena de trabajadores, pero de forma permanente y no temporal.Caballero Bonald destacó que estas reivindicaciones -a las que añadió un sistema informático arcaico- no son nuevas, sino que se vienen planteando desde hace años. También pidió, en nombre de todos los jueces de la capital, que las administraciones respeten la «independencia» del CGPJ, denunciando las «continuas injerencias» del Ejecutivo en la designación de los vocales y en las recomendaciones sobre la sanción al juez Rafael Tirado.Los magistrados de la Audiencia Provincial también se reunieron ayer en junta general y aprobaron de forma expresa el comunicado emitido por los presidentes de las audiencias provinciales de España en la reunión de la pasada semana en Murcia, en el que rechazaron asimismo las injerencias políticas y anunciaron que están dispuestos a adoptar «medidas de presión más contundentes».Servicio de calidadLos secretarios judiciales aprovecharon el paro convocado, que secundó el 96% de estos funcionarios en la provincia, para lanzar un mensaje en los términos similares al de los jueces. «Reclamamos las reformas legales y la dotación de medios materiales y personales que permitan a los profesionales prestar un servicio público de calidad», manifestó el delegado en Málaga del Colegio Nacional de Secretarios Judiciales, Fermín Villarrubia.Explicó que el desencadenante de dicho paro ha sido la sanción impuesta a su compañera de Sevilla Juana Gálvez a raíz del 'caso Mari Luz'. «Lo que ha pasado le puede ocurrir a cualquiera», declaró Villarrubia. «Por eso el origen de la protesta -prosiguió- es la falta de medios».El delegado de los secretarios judiciales en Málaga estimó que ayer se suspendieron aproximadamente unos 500 juicios en la provincia -370 en la capital- y que pudo afectar, en total, a unas mil actuaciones judiciales entre vistas, comparecencias, declaraciones, subastas, poderes y otorgamientos ante secretarios, según sus cálculos. En la capital, por ejemplo, sólo funcionaron los juzgados de guardia como servicios mínimos.