Dos años de cárcel para De Urquía en la primera sentencia contra la corrupción judicial en Marbella

El TSJA condena al juez por cohecho y prevaricación y lo suspende durante 17 años tras considerar probado que cobró 73.000 euros de Roca. El fallo castiga al ex asesor urbanístico con un año de prisión y absuelve al empresario Arnaud Fabrice A., tercer imputado en la causa
HÉCTOR BARBOTTA


SENTENCIA
Francisco Javier de Urquía: Dos años de prisión, multa de 73.800 euros y siete años de inhabilitación como juez por el delito de cohecho; 36.000 euros de multa y diez años de inhabilitación como juez por el delito de prevaricación judicial; absuelto del delito de negociación prohibida a funcionario público.Juan Antonio Roca: Un año de prisión y multa de 73.800 euros por cohecho. Absuelto del delito de asesoramiento accidental o negociación prohibida a funcionario.Arnaud Fabrice A.: Absuelto de los cargos de asesoramiento accidental o negociación prohibida a funcionario y cohecho.
Jueces separados de sus cargos y expulsados de la judicatura, investigaciones del Consejo General del Poder Judicial, funcionarios imputados por espiar para Roca, robo de sumarios y hasta un sospechoso muerto al caer al vacío mientras se registraba su casa en busca de pruebas. Los juzgados de Marbella no han sido en los últimos años un buen ejemplo para los ciudadanos ansiosos de confiar en la justicia, pero nunca hasta ahora había habido una sentencia que considerara probada la corrupción judicial.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) condenó ayer al juez Francisco Javier de Urquía, titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Marbella, a dos años de cárcel y 17 de inhabilitación por los delitos de cohecho y prevaricación judicial, al considerar probado que recibió dinero de Roca para la compra de una vivienda «a cambio de un trato favorable en asuntos judiciales». La sentencia condena a Roca a un año de cárcel por cohecho y absuelve al tercer imputado, Arnaud Fabrice A., a quien reconoce su condición de nexo entre ambos.En concreto, el tribunal sostiene que De Urquía recibió de Roca dos sobres que contenían un total de 73.800 euros, y que posteriormente, el 16 de marzo de 2006, dictó un auto por el que accedía a la petición del presunto cerebro de la trama de corrupción de ordenar la suspensión de la emisión de un programa crítico con el propio Roca que una televisión local tenía previsto difundir ese mismo día. «El auto de suspensión cautelar -sostiene la sentencia- se dictó por el magistrado en un procedimiento penal cuyo archivo había decretado el día anterior, sin diligencia probatoria alguna y sin constar recurso alguno de las partes».

Sobres

Los sobres con el dinero, según recoge la sentencia, fueron entregados en mano por el propio Roca al día siguiente de dictarse el auto judicial. El pago tuvo lugar el 17 de marzo de 2006 entre las 14.30 y las 15.00 en el despacho privado de Roca «una vez que se marcharon los empleados», sostiene el fallo basándose en la propia confesión del ex asesor urbanístico.Según la sentencia, el juez destinó el dinero recibido a la firma del contrato de compraventa de una vivienda valorada en 423.000 euros, cuyo importe total se había comprometido a satisfacer en tres pagarés de 60.000 euros con vencimiento en tres años sucesivos y una hipoteca de 180.000 euros, cantidades que debían sumarse a la entregada en el momento de la firma.La intervención del teléfono de Roca, que desde el año anterior era vigilado por la policía -que ya había puesto en marcha la 'operación Malaya'- permitió conocer que el propio cerebro de la trama gestionó la compra de la vivienda en nombre del juez mediante llamdas telefónicas en las que se identificaba como 'Fernando, abogado de Paco'. Fue de esta manera el propio Roca quien negoció la forma de pago de la vivienda. Los vendedores creían estar hablando con el supuesto letrado Fernando Jiménez, pero en realidad lo hacían con el hombre fuerte del urbanismo en Marbella.Según se recoge en la sentencia, De Urquía se vio obligado a cambiar sus planes dos semanas después al consumarse la detención de Roca por el 'caso Malaya', por lo que solicitó la ampliación de la hipoteca a la cantidad total. Ls jueces del TSJA consideran que numerosos hechos indiciarios permiten deducir «de manera lógica y racional y conforme a máximas de experiencia que existió un acuerdo de voluntades» entre Roca y De Urquía por el cual el juez recibió dinero «a cambio del dictado de una resolución judicial prevaricadora».