Dos de los imputados de la trama de corrupción de Estepona, Manuel Barroso y Juan Simón, primo hermano del jefe de Gabinete de Alcaldía, José Flores, actualmente encarcelado en Alhaurín de la Torre por el «caso Astapa», intentaron, sin éxito, firmar un contrato millonario con el Ayuntamiento esteponero en unas condiciones algo dudosas.
Estos dos implicados tenían pensado gestionar, acondicionar, explotar y vigilar el depósito municipal de vehículos con el visto bueno de los concejales socialistas Francisco Zamorano, también implicado en la trama, y Antonio Sánchez. Sin embargo, la acción, primero, de algunos de sus compañeros, y después de la Comisaría General de Policía Judicial, evitó que se consumara la polémica operación en uno de los municipios de la costa del sol políticamente más agitados en estos últimos meses.
Según los investigadores, la empresa Ausol Estepona 2000, representada por Manuel Barroso, se presentó al concurso del depósito municipal en mayo de 2008 junto a las empresas Reciclados y Desguaces Industriales y de Automoción y Setex-Aparki. Se da la circunstancia de que Ausol se constituyó poco antes de que los concejales socialistas Francisco Zamorano y Antonio Sánchez elevaran la propuesta a la Junta de Gobierno.
La firma Ausol realizó una proposición mensual de 10.815 euros, lo que significó la oferta más ventajosa, según el Ayuntamiento costasoleño. El contrato no fue finalmente adjudicado a Ausol, entre otras razones porque algunos concejales socialistas ajenos a la corrupción expresaron su oposición, lo que provocó que el grupo municipal del PSOE se fracturase. Luego, la intervención policial evitó el contrato millonario que hubiera supuesto todo este entramado.
El partido político Los Verdes ya habían anunciado su intención de recurrir este concurso que se había desarrollado «plagado de sospechas, de defectos formales y de fondo y de otras irregularidades aún más graves».
Ausol Estepona 2000 SL. se constituyó con un exiguo capital de 3.010 euros ante el notario de Estepona José María García Urbano el pasado 25 de abril de 2008, un día después de la publicación de la licitación del concurso de acondicionamiento, gestión, explotación y vigilancia del depósito municipal de vehículos. El objeto social declarado de la polémica compañía, coincidía, literalmente, con el objeto del concurso de la licitación.
Con el plazo cerrado
Ausol no consiguió su inscripción registral hasta el 16 de mayo de 2008, cuando ya estaba cerrado el plazo de presentación de ofertas para el citado concurso, por lo que ni siquiera pudo acreditar su capacidad de obra ante la administración pública.
Todo esto, unido a una evidente inexperiencia en el mercado al ser una empresa de reciente creación y la incapacidad económica para afrontar un concurso de más de 1.200.000 euros de dinero público hizo albergar serias dudas sobre la idoneidad de su adjudicación. Se da la «casual coincidencia» de que el administrador único de la empresa, Manuel Barroso, es un abogado ajeno al negocio objeto de licitación, aunque su socio, con el que comparte despacho y responsabilidades en empresas inmobiliarias, es Juan Simón García, miembro de la Ejecutiva Local del PSOE.
Juan Simón, cuyo despacho fue registrado por la Policía, es familiar directo del jefe de Gabinete de Alcaldía y mano derecha del alcalde Antonio Barrientos, José Flores Simón, una de las personas clave en el «caso Astapa», según sostienen los investigadores.
Estos dos implicados tenían pensado gestionar, acondicionar, explotar y vigilar el depósito municipal de vehículos con el visto bueno de los concejales socialistas Francisco Zamorano, también implicado en la trama, y Antonio Sánchez. Sin embargo, la acción, primero, de algunos de sus compañeros, y después de la Comisaría General de Policía Judicial, evitó que se consumara la polémica operación en uno de los municipios de la costa del sol políticamente más agitados en estos últimos meses.
Según los investigadores, la empresa Ausol Estepona 2000, representada por Manuel Barroso, se presentó al concurso del depósito municipal en mayo de 2008 junto a las empresas Reciclados y Desguaces Industriales y de Automoción y Setex-Aparki. Se da la circunstancia de que Ausol se constituyó poco antes de que los concejales socialistas Francisco Zamorano y Antonio Sánchez elevaran la propuesta a la Junta de Gobierno.
La firma Ausol realizó una proposición mensual de 10.815 euros, lo que significó la oferta más ventajosa, según el Ayuntamiento costasoleño. El contrato no fue finalmente adjudicado a Ausol, entre otras razones porque algunos concejales socialistas ajenos a la corrupción expresaron su oposición, lo que provocó que el grupo municipal del PSOE se fracturase. Luego, la intervención policial evitó el contrato millonario que hubiera supuesto todo este entramado.
El partido político Los Verdes ya habían anunciado su intención de recurrir este concurso que se había desarrollado «plagado de sospechas, de defectos formales y de fondo y de otras irregularidades aún más graves».
Ausol Estepona 2000 SL. se constituyó con un exiguo capital de 3.010 euros ante el notario de Estepona José María García Urbano el pasado 25 de abril de 2008, un día después de la publicación de la licitación del concurso de acondicionamiento, gestión, explotación y vigilancia del depósito municipal de vehículos. El objeto social declarado de la polémica compañía, coincidía, literalmente, con el objeto del concurso de la licitación.
Con el plazo cerrado
Ausol no consiguió su inscripción registral hasta el 16 de mayo de 2008, cuando ya estaba cerrado el plazo de presentación de ofertas para el citado concurso, por lo que ni siquiera pudo acreditar su capacidad de obra ante la administración pública.
Todo esto, unido a una evidente inexperiencia en el mercado al ser una empresa de reciente creación y la incapacidad económica para afrontar un concurso de más de 1.200.000 euros de dinero público hizo albergar serias dudas sobre la idoneidad de su adjudicación. Se da la «casual coincidencia» de que el administrador único de la empresa, Manuel Barroso, es un abogado ajeno al negocio objeto de licitación, aunque su socio, con el que comparte despacho y responsabilidades en empresas inmobiliarias, es Juan Simón García, miembro de la Ejecutiva Local del PSOE.
Juan Simón, cuyo despacho fue registrado por la Policía, es familiar directo del jefe de Gabinete de Alcaldía y mano derecha del alcalde Antonio Barrientos, José Flores Simón, una de las personas clave en el «caso Astapa», según sostienen los investigadores.
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