Dicen que en la zona hay otras 45 viviendas ilegales en fase de cimentación promovidas por la misma mercantil Denuncian que la única beneficiada es la promotora
El reciente anuncio de la alcaldesa de ordenar la demolición de las dos primeras edificaciones ilegales, deshabitadas y no regularizables en el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), en tramitación, ha caído como un jarro de agua fría sobre los vecinos de Alta Vista, en San Pedro, donde se asienta una de estas estructuras que parece tener sus días contados. Se trata, según informaron desde la Delegación Municipal de Urbanismo, de seis viviendas construidas por la mercantil Prosavi sobre zona verde, en fase de cimentación y que, por tanto, cumplen con los requisitos acordados con la Junta para la aprobación anticipada del nuevo planeamiento urbanístico. Desde la entidad de conservación de esta comunidad de propietarios, critican que en el decreto de Alcaldía se inste a la promotora -con la que ha llegado a un acuerdo- a demoler tan sólo estas seis viviendas ilegales cuando en la zona, hay otras 45 en pueblo mediterráneo también contrarias al Plan vigente, aún en construcción y «comenzadas al mismo tiempo por la promotora Prosavi». Desde esta comunidad vecinal, aseguran que esta última promoción de viviendas -que no se verá afectada por la reciente orden de derribo- adolece de la mima irregularidad: «No tener licencia, por no adecuarse las construcciones: pueblo mediterráneo y adosadas, a la tipología de ese suelo según el Plan de 1986: unifamiliar exenta». Así, los vecinos de Alta Vista se preguntan indignados el motivo de que no se regularicen seis adosados pero sí, los 45 que hay alrededor en forma de herradura, promovidos por la misma promotora «en las mismas condiciones, circunstancias y lugar, en fase de cimentación y sin haber sido vendidas a terceros». «Esto no tiene ninguna lógica», indican los vecinos en un comunicado al tiempo que añaden: «A los ciudadanos no nos basta con que el Ayuntamiento realice actuaciones simbólicas en el marco de un acuerdo con una promotora, cuando el perjuicio continúa ahí y los perjudicados no son consultados en ningún momento, y donde la única beneficiada es la promotora que ha conseguido comprar un solar por un determinado precio para construir nueve casas y va a construir 45». Es más, los afectados denuncian que son los principales perjudicados y critican que los servicios de su urbanización «son ya muy ajustados e incapaces de absorber las necesidades de 45 viviendas en la zona peor comunicada de la urbanización, donde el Plan vigente prevé nueve viviendas».AclaraciónLa respuesta del gobierno municipal es muy clara al respecto. A fecha de hoy, sólo las 45 viviendas en pueblo mediterráneo aparecen regularizadas -mediante el sistema de compensación- en la aprobación inicial del nuevo PGOU, que elaboró el equipo redactor siguiendo las directrices de la Junta cuando ésta tenía las competencias en planeamiento y luego aprobó el pleno del Ayuntamiento. La medida no se aplicaría a las seis restantes, en construcción y que están sobre parques y jardines; aunque desde la comunidad de propietarios de Alta Vista aseguran que el suelo es unifamiliar exento, según el Plan vigente. No obstante, desde el gobierno municipal aclaran que no significa que en la aprobación provisional del Plan puedan introducirse algunas modificaciones.
El reciente anuncio de la alcaldesa de ordenar la demolición de las dos primeras edificaciones ilegales, deshabitadas y no regularizables en el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), en tramitación, ha caído como un jarro de agua fría sobre los vecinos de Alta Vista, en San Pedro, donde se asienta una de estas estructuras que parece tener sus días contados. Se trata, según informaron desde la Delegación Municipal de Urbanismo, de seis viviendas construidas por la mercantil Prosavi sobre zona verde, en fase de cimentación y que, por tanto, cumplen con los requisitos acordados con la Junta para la aprobación anticipada del nuevo planeamiento urbanístico. Desde la entidad de conservación de esta comunidad de propietarios, critican que en el decreto de Alcaldía se inste a la promotora -con la que ha llegado a un acuerdo- a demoler tan sólo estas seis viviendas ilegales cuando en la zona, hay otras 45 en pueblo mediterráneo también contrarias al Plan vigente, aún en construcción y «comenzadas al mismo tiempo por la promotora Prosavi». Desde esta comunidad vecinal, aseguran que esta última promoción de viviendas -que no se verá afectada por la reciente orden de derribo- adolece de la mima irregularidad: «No tener licencia, por no adecuarse las construcciones: pueblo mediterráneo y adosadas, a la tipología de ese suelo según el Plan de 1986: unifamiliar exenta». Así, los vecinos de Alta Vista se preguntan indignados el motivo de que no se regularicen seis adosados pero sí, los 45 que hay alrededor en forma de herradura, promovidos por la misma promotora «en las mismas condiciones, circunstancias y lugar, en fase de cimentación y sin haber sido vendidas a terceros». «Esto no tiene ninguna lógica», indican los vecinos en un comunicado al tiempo que añaden: «A los ciudadanos no nos basta con que el Ayuntamiento realice actuaciones simbólicas en el marco de un acuerdo con una promotora, cuando el perjuicio continúa ahí y los perjudicados no son consultados en ningún momento, y donde la única beneficiada es la promotora que ha conseguido comprar un solar por un determinado precio para construir nueve casas y va a construir 45». Es más, los afectados denuncian que son los principales perjudicados y critican que los servicios de su urbanización «son ya muy ajustados e incapaces de absorber las necesidades de 45 viviendas en la zona peor comunicada de la urbanización, donde el Plan vigente prevé nueve viviendas».AclaraciónLa respuesta del gobierno municipal es muy clara al respecto. A fecha de hoy, sólo las 45 viviendas en pueblo mediterráneo aparecen regularizadas -mediante el sistema de compensación- en la aprobación inicial del nuevo PGOU, que elaboró el equipo redactor siguiendo las directrices de la Junta cuando ésta tenía las competencias en planeamiento y luego aprobó el pleno del Ayuntamiento. La medida no se aplicaría a las seis restantes, en construcción y que están sobre parques y jardines; aunque desde la comunidad de propietarios de Alta Vista aseguran que el suelo es unifamiliar exento, según el Plan vigente. No obstante, desde el gobierno municipal aclaran que no significa que en la aprobación provisional del Plan puedan introducirse algunas modificaciones.
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