El Ayuntamiento deberá remitir un nuevo proyecto corregido y garantizar el máximo consenso social El principio de acuerdo verbal incluye que la Policía Nacional sea quien custodie las cintas de video
Puerto Banús contará con un sistema de videovigilancia como medida preventiva de seguridad. La concejala del ramo, María Francisca Caracuel, anunció ayer que el Ayuntamiento y la Subdelegación del Gobierno en Málaga han alcanzado un acuerdo por el que el primero subsana algunos detalles técnicos del proyecto inicial y el segundo reconoce la necesidad de instalar cámaras de vigilancia en las calles de Puerto Banús, la zona con mayor afluencia de turistas. El subdelegado del Gobierno, Hilario López Luna, pone dos condiciones a ese principio de acuerdo verbal alcanzado ayer con la alcaldesa, Ángeles Muñoz. De un lado, salvar los escollos técnicos, entre ellos la custodia de las cintas, que finalmente pertenecerá a la Policía Nacional. De otro, que haya «el mayor consenso social y político», lo que incluye la aceptación del resto de los grupos municipales posiblemente en pleno. De ser así, López Luna aseguró que firmará junto a Muñoz el documento que ambas instituciones deberán elevar a la Comisión de Videovigilancia Andaluza para su posterior aprobación por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). Las fechas son todavía una quiniela, pero todos -Ayuntamiento, Subdelegación e incluso los empresarios impulsores de la iniciativa- coinciden en que el proyecto podría ver la luz el próximo verano siempre que se agilicen los trámites administrativos y legales que requiere para su aprobación definitiva. «La alcaldesa está en sintonía con nuestras peticiones así que es el siguiente paso será materializarlo sobre el papel», explicó el subdelegado. El Ayuntamiento deberá ahora remitir a la Subdelegación el proyecto reformado. Luego se retomará la Mesa de Videovigilancia donde estará presente el Centro de Iniciativas Turísticas (CIT) de Marbella, impulsor de la iniciativa. El resto será pura burocracia.La videovigilancia, ensalzada por unos como un eficaz sistema para garantizar la seguridad y denostada por otros como una intromisión en la intimidad, supondrá un antes y un después en Puerto Banús. El proyecto, que se remonta a la época de Marisol Yagüe como alcaldesa y ha sido rechazado hasta en tres ocasiones por el Gobierno central, será una medida disuasoria más que coercitiva. Próximo veranoLa concejala de Seguridad reconoció que el número de incidentes en Puerto Banús «no justifican» la implantación del sistema de videovigilancia, pero sí la necesidad de impedir que estas cifras aumenten en una zona turística de calado internacional. «Ojalá este implantado el próximo verano», apuntó Caracuel. El presidente del CIT, Miguel Gómez, se expresó en el mismo sentido. «Estamos muy contentos. Tan importante es la prevención como la percepción que tenga el turista de seguridad», señaló. Los empresarios aplauden que ambas instituciones se hayan sentado a negociar y hayan llegado a un acuerdo «por el bien de Puerto Banús y Marbella». «La sociedad está inmersa en la tecnología y los adelantos en esta materia deben estar al servicio de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado», explica Gómez, que recordó su antigua reivindicación de más refuerzos de la Policía Nacional y una nueva comisaría «acorde con la población y la importancia de la ciudad». Uno de las principales rectificaciones del proyecto original será la custodia de las cintas. No es la primera vez que el Ayuntamiento asegura que no tendría inconveniente en ceder en este punto, aunque sólo sea por ahorrarse una inversión extra de las arcas municipales, ya de por sí esquilmadas. El problema, que aún existe, es la falta de efectivos de la Policía Nacional en Marbella para realizar esta labor, aunque López Luna aseguró que el refuerzo llegará de ser necesario aunque la necesidad se planteará «en el futuro». De no ser así, Caracuel anunció que la Policía Local «echará una mano, como siempre, aunque no sea de su competencia».
Puerto Banús contará con un sistema de videovigilancia como medida preventiva de seguridad. La concejala del ramo, María Francisca Caracuel, anunció ayer que el Ayuntamiento y la Subdelegación del Gobierno en Málaga han alcanzado un acuerdo por el que el primero subsana algunos detalles técnicos del proyecto inicial y el segundo reconoce la necesidad de instalar cámaras de vigilancia en las calles de Puerto Banús, la zona con mayor afluencia de turistas. El subdelegado del Gobierno, Hilario López Luna, pone dos condiciones a ese principio de acuerdo verbal alcanzado ayer con la alcaldesa, Ángeles Muñoz. De un lado, salvar los escollos técnicos, entre ellos la custodia de las cintas, que finalmente pertenecerá a la Policía Nacional. De otro, que haya «el mayor consenso social y político», lo que incluye la aceptación del resto de los grupos municipales posiblemente en pleno. De ser así, López Luna aseguró que firmará junto a Muñoz el documento que ambas instituciones deberán elevar a la Comisión de Videovigilancia Andaluza para su posterior aprobación por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). Las fechas son todavía una quiniela, pero todos -Ayuntamiento, Subdelegación e incluso los empresarios impulsores de la iniciativa- coinciden en que el proyecto podría ver la luz el próximo verano siempre que se agilicen los trámites administrativos y legales que requiere para su aprobación definitiva. «La alcaldesa está en sintonía con nuestras peticiones así que es el siguiente paso será materializarlo sobre el papel», explicó el subdelegado. El Ayuntamiento deberá ahora remitir a la Subdelegación el proyecto reformado. Luego se retomará la Mesa de Videovigilancia donde estará presente el Centro de Iniciativas Turísticas (CIT) de Marbella, impulsor de la iniciativa. El resto será pura burocracia.La videovigilancia, ensalzada por unos como un eficaz sistema para garantizar la seguridad y denostada por otros como una intromisión en la intimidad, supondrá un antes y un después en Puerto Banús. El proyecto, que se remonta a la época de Marisol Yagüe como alcaldesa y ha sido rechazado hasta en tres ocasiones por el Gobierno central, será una medida disuasoria más que coercitiva. Próximo veranoLa concejala de Seguridad reconoció que el número de incidentes en Puerto Banús «no justifican» la implantación del sistema de videovigilancia, pero sí la necesidad de impedir que estas cifras aumenten en una zona turística de calado internacional. «Ojalá este implantado el próximo verano», apuntó Caracuel. El presidente del CIT, Miguel Gómez, se expresó en el mismo sentido. «Estamos muy contentos. Tan importante es la prevención como la percepción que tenga el turista de seguridad», señaló. Los empresarios aplauden que ambas instituciones se hayan sentado a negociar y hayan llegado a un acuerdo «por el bien de Puerto Banús y Marbella». «La sociedad está inmersa en la tecnología y los adelantos en esta materia deben estar al servicio de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado», explica Gómez, que recordó su antigua reivindicación de más refuerzos de la Policía Nacional y una nueva comisaría «acorde con la población y la importancia de la ciudad». Uno de las principales rectificaciones del proyecto original será la custodia de las cintas. No es la primera vez que el Ayuntamiento asegura que no tendría inconveniente en ceder en este punto, aunque sólo sea por ahorrarse una inversión extra de las arcas municipales, ya de por sí esquilmadas. El problema, que aún existe, es la falta de efectivos de la Policía Nacional en Marbella para realizar esta labor, aunque López Luna aseguró que el refuerzo llegará de ser necesario aunque la necesidad se planteará «en el futuro». De no ser así, Caracuel anunció que la Policía Local «echará una mano, como siempre, aunque no sea de su competencia».
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