El titular de Trabajo suaviza su discurso, pero mantiene el mismo mensaje de fondo
La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega , defendió ayer la utilidad y la eficacia de los contratos en origen a los inmigrantes e incidió en la importancia de que esos trámites se ajusten a las necesidades del mercado laboral.De la Vega , en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, se refirió al anuncio del ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, quien explicó que en 2009 se limitará la contratación de extranjeros en su país de origen a los convenios internacionales firmados por España o a contratos de especialización.ObjetivoLa vicepresidenta aseguró que «el objetivo» del Ejecutivo en esta materia no ha variado y dijo que éste es que la inmigración se produzca de una forma «legal y ordenada».Por su parte, Corbacho se vio obligado ayer a matizar su anuncio sobre la reducción, de cara a 2009, de la contratación de trabajadores extranjeros en su país de origen, a raíz de la polémica generada entre partidos, sindicatos y organizaciones sociales y el deseo de Moncloa de no abrir nuevos frentes políticos. Tras admitir que su afirmación de que dicha modalidad laboral se aproximaría al «punto cero» no fue nada afortunada. «Algo debí decir mal, uno no es perfecto a la hora de explicarse», se justificó, al tiempo que reconoció que sus palabras «pudieron crear una situación compleja de inquietud»-, aseveró que él mismo es un «defensor» de ese tipo de contratos y que, como ya apuntó el miércoles pasado tras la primera reunión de la mesa del diálogo social, se respetarán todos los convenios internacionales que haya firmado el Estado o pueda hacerlo en el futuro sobre este asunto.Sus palabras, en declaraciones a la cadena SER, se produjeron apenas tres horas después de que Fernández de la Vega, preguntada por la cuestión tras la reunión semanal del consejo de ministros, negara que el Gobierno hubiera elaborado un proyecto al respecto.Corregido en el aspecto formal por la vicepresidenta, aunque diera impresión de mantener el mismo mensaje del fondo -así lo confirmaron después fuentes gubernamentales y del departamento de Trabajo-, el ministro dijo compartir «al 100%» esas manifestaciones y puntualizó que «la crisis no es el resultado de la inmigración, que ahora padece sus efectos -el 16% de los nuevos parados son foráneos- tras haber contribuido de manera decisiva al desarrollo económico». No obstante, zanjada la polémica semántica, Corbacho insistió en su planteamiento, respaldado en líneas generales por el Ejecutivo y el aparato socialista, de que «habrá toda la contratación en origen que haga falta, pero cuando las personas de aquí (que ya viven en España) hayan tenido la ocasión de encontrar trabajo, independientemente de su procedencia (sean nacionales o extranjeros)».
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