Los detenidos en Estepona declaran ante la juez
Hace 1 día
MADRID (AFP) — Los primeros detenidos en la 'operación Astapa' contra la corrupción inmobiliara en la localidad malagueña de Estepona comenzaron el martes por la noche a prestar declaración ante la juez que instruye el caso.
Este nuevo caso de corrupción inmobiliaria sacudía el martes al municipio, dos años después del escándalo de corrupción municipal en la cercana localidad de Marbella.
"Una operación contra la corrupción urbanística" tenía lugar en Estepona, situada a 30 kilómetros de Marbella, indicó a la AFP una portavoz policial.
Un total de 23 personas, entre ellas "los principales responsables de la corporación municipal, técnicos, abogados y empresarios", han sido detenidas, informó el ministerio del Interior en un comunicado.
Los agentes de la unidad especializada contra el crimen organizado han detenido al alcalde la localidad, el socialista Antonio Barrientos, y ha registrado el ayuntamiento, varios edificios municipales y su domicilio, constató un fotógrafo de AFP.
El operativo, denominado 'Astapa', "afecta a algunos miembros del ayuntamiento de Estepona y a empresarios relacionados con ellos, a los que se vincula con delitos conectados con la corrupción urbanística y el blanqueo de capitales", añade el comunicado de Interior, que advierte que la operación sigue abierta.
Según la radio privada Cadena Ser, "Barrientos y al menos seis concejales" están afectados por esta investigación referida a presuntos ingresos "de comisiones ilegales por parte del ayuntamiento a cambio de la concesión de licencias de obras".
La direccion regional del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) anunció rápidamente la "apertura de un proceso de exclusión temporal de los militantes implicados" en la investigación.
El portavoz del grupo socialista en el Congreso de los Diputados, José Antonio Alonso, pidió que "este asunto se investigue hasta el fondo".
El ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, afirmó que el Gobierno va a a tener una "tolerancia cero" para este tipo de delitos, añadiendo que los implicados pueden ir buscándose otro oficio porque "en política la presunción de inocencia no funciona".
Esta operación tiene lugar dos años después de un gigantesco escándalo de corrupción inmobiliaria, en el que estaban implicados la municipalidad de Marbella y sobre todo el ex alcalde Julián Munoz, que aún sigue encarcelado.
En la denominada 'Operación Malaya' fueron detenidas unas cien personas sospechosas de haber malversado millones de euros. Durante esa investigación, la policía incautó más de 2.400 millones de euros en bienes de origen dudoso, entre los cuales más de 200 obras de arte, un centenar de caballos de pura sangre y toros de lidia, un helicóptero, automóviles de lujo, cinco kilos de joyas y varias villas.
El alcalde de Estepona sale del Ayuntamiento tras catorce horas de registro por parte de la Policía
El alcalde de Estepona (Málaga), Antonio Barrientos, salió hoy del Ayuntamiento sobre las 5:30 de la madrugada tras 14 horas de registro llevados a cabo por la Policía Nacional, con visibles muestras de cansancio y en absoluto silencio.
Antes de llegar a la Casa Consistorial, donde los agentes necesitaron el uso de herramientas, Barrientos asistió al registro de su vivienda, situada a las afueras de la localidad, en la urbanización Bahía Azul.Además, sobre las 00:30 de la madrugada, salió del edificio el jefe de Gabinete de la Alcaldía, José Flores, también detenido en la operación. Los militantes socialistas congregados para apoyar a Flores protagonizaron un pequeño altercado con los medios de comunicación presentes en el lugar, aunque sin mayores consecuencias.OPERACIÓN ASTAPAAgentes de la Policía Nacional, adscritos a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Comisaría General de Policía Judicial, han desarrollado un amplio dispositivo policial contra la corrupción urbanística en dicha localidad, en el que se han detenido hasta ahora a 25 personas, entre ellas a los principales responsables de la corporación municipal, técnicos, abogados y empresarios.La operación, bautizada con el nombre de 'Astapa' y que ha sido coordinada por dicho juzgado y la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad organizada, se extiende también en las provincias de Madrid, Córdoba, Bilbao y San Sebastián. En la capital vizcaína fue detenido un abogado y se practicaron dos registros.Entre los detenidos están los principales responsables de la corporación municipal, como el alcalde y varios concejales, tanto del actual equipo de Gobierno como de otros anteriores; además de técnicos como el arquitecto Arturo Cebrián y el jefe de Gabinete; abogados y empresarios. El presidente del Grupo Prasa, el empresario cordobés José Romero González, fue requerido para prestar declaración en el juzgado para facilitar información, según indicaron desde la empresa.Se han practicado 38 registros domiciliarios y societarios y también se han expedido órdenes de prohibición de enajenar bienes inmuebles, dirigidas a 22 registros de la propiedad, de 55 personas físicas y jurídicas, y se ha solicitado la prohibición de enajenar 64 bienes muebles de 36 personas. Asimismo, se ha ordenado el bloqueo de cuentas corrientes y activos financieros, dirigidos a 91 entidades, de 78 personas físicas y jurídicas.Los agentes iniciaron esta mañana el registro en el edificio Puertosol, donde están las áreas de Hacienda y Urbanismo, que terminó sobre las 00.30 horas. El concejal de Urbanismo, Rafael Duarte, dijo que se ha buscado la información habitual en estos casos, pero más en unas delegaciones que en otras, y aseguró que mañana 'todo volverá a la normalidad'. Además, aseguró que la operación no tiene nada que ver con la operación 'Malaya', sino que es 'más concreta'.INVESTIGACIÓN.En estas diligencias se investigan supuestas irregularidades urbanísticas, a través de licencias, convenios, recalificaciones o aprovechamientos urbanísticos, según fuentes fiscales. Además, los detenidos estarían implicados en la financiación irregular del Ayuntamiento, aunque la Fiscalía Anticorrupción también libró órdenes de detención por cohecho, prevaricación, tráfico de influencias y blanqueo de capitales.Las fuentes aseguraron que el objeto de la investigación, que comenzó a finales de 2006, 'no es nuevo' sino similar a lo que ocurre en otros lugares de la provincia malagueña, como Marbella, pero también en otras zonas de España. Señalaron que habrá que esperar para ver si el alcance es como el del caso 'Malaya', contra la corrupción marbellí.La investigación policial ha contado con la colaboración de dos personas conocedoras de gran parte de la estructura delictiva desarticulada, informaron a Europa Press fuentes próximas a la investigación. Esos dos colaboradores ocuparían puestos claves que les hacían conocedores de las corruptelas.El operativo surge del descubrimiento por parte de los investigadores de la presunta implicación de un miembro del equipo de Gobierno de la localidad en la trama de la 'Operación Malaya'. Esa averiguación provocó la apertura de una investigación apartada y dirigida por la Comisaría General de Policía Judicial desde Madrid, precisaron las fuentes consultadas.
Hace 1 día
MADRID (AFP) — Los primeros detenidos en la 'operación Astapa' contra la corrupción inmobiliara en la localidad malagueña de Estepona comenzaron el martes por la noche a prestar declaración ante la juez que instruye el caso.
Este nuevo caso de corrupción inmobiliaria sacudía el martes al municipio, dos años después del escándalo de corrupción municipal en la cercana localidad de Marbella.
"Una operación contra la corrupción urbanística" tenía lugar en Estepona, situada a 30 kilómetros de Marbella, indicó a la AFP una portavoz policial.
Un total de 23 personas, entre ellas "los principales responsables de la corporación municipal, técnicos, abogados y empresarios", han sido detenidas, informó el ministerio del Interior en un comunicado.
Los agentes de la unidad especializada contra el crimen organizado han detenido al alcalde la localidad, el socialista Antonio Barrientos, y ha registrado el ayuntamiento, varios edificios municipales y su domicilio, constató un fotógrafo de AFP.
El operativo, denominado 'Astapa', "afecta a algunos miembros del ayuntamiento de Estepona y a empresarios relacionados con ellos, a los que se vincula con delitos conectados con la corrupción urbanística y el blanqueo de capitales", añade el comunicado de Interior, que advierte que la operación sigue abierta.
Según la radio privada Cadena Ser, "Barrientos y al menos seis concejales" están afectados por esta investigación referida a presuntos ingresos "de comisiones ilegales por parte del ayuntamiento a cambio de la concesión de licencias de obras".
La direccion regional del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) anunció rápidamente la "apertura de un proceso de exclusión temporal de los militantes implicados" en la investigación.
El portavoz del grupo socialista en el Congreso de los Diputados, José Antonio Alonso, pidió que "este asunto se investigue hasta el fondo".
El ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, afirmó que el Gobierno va a a tener una "tolerancia cero" para este tipo de delitos, añadiendo que los implicados pueden ir buscándose otro oficio porque "en política la presunción de inocencia no funciona".
Esta operación tiene lugar dos años después de un gigantesco escándalo de corrupción inmobiliaria, en el que estaban implicados la municipalidad de Marbella y sobre todo el ex alcalde Julián Munoz, que aún sigue encarcelado.
En la denominada 'Operación Malaya' fueron detenidas unas cien personas sospechosas de haber malversado millones de euros. Durante esa investigación, la policía incautó más de 2.400 millones de euros en bienes de origen dudoso, entre los cuales más de 200 obras de arte, un centenar de caballos de pura sangre y toros de lidia, un helicóptero, automóviles de lujo, cinco kilos de joyas y varias villas.
El alcalde de Estepona sale del Ayuntamiento tras catorce horas de registro por parte de la Policía
El alcalde de Estepona (Málaga), Antonio Barrientos, salió hoy del Ayuntamiento sobre las 5:30 de la madrugada tras 14 horas de registro llevados a cabo por la Policía Nacional, con visibles muestras de cansancio y en absoluto silencio.
Antes de llegar a la Casa Consistorial, donde los agentes necesitaron el uso de herramientas, Barrientos asistió al registro de su vivienda, situada a las afueras de la localidad, en la urbanización Bahía Azul.Además, sobre las 00:30 de la madrugada, salió del edificio el jefe de Gabinete de la Alcaldía, José Flores, también detenido en la operación. Los militantes socialistas congregados para apoyar a Flores protagonizaron un pequeño altercado con los medios de comunicación presentes en el lugar, aunque sin mayores consecuencias.OPERACIÓN ASTAPAAgentes de la Policía Nacional, adscritos a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Comisaría General de Policía Judicial, han desarrollado un amplio dispositivo policial contra la corrupción urbanística en dicha localidad, en el que se han detenido hasta ahora a 25 personas, entre ellas a los principales responsables de la corporación municipal, técnicos, abogados y empresarios.La operación, bautizada con el nombre de 'Astapa' y que ha sido coordinada por dicho juzgado y la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad organizada, se extiende también en las provincias de Madrid, Córdoba, Bilbao y San Sebastián. En la capital vizcaína fue detenido un abogado y se practicaron dos registros.Entre los detenidos están los principales responsables de la corporación municipal, como el alcalde y varios concejales, tanto del actual equipo de Gobierno como de otros anteriores; además de técnicos como el arquitecto Arturo Cebrián y el jefe de Gabinete; abogados y empresarios. El presidente del Grupo Prasa, el empresario cordobés José Romero González, fue requerido para prestar declaración en el juzgado para facilitar información, según indicaron desde la empresa.Se han practicado 38 registros domiciliarios y societarios y también se han expedido órdenes de prohibición de enajenar bienes inmuebles, dirigidas a 22 registros de la propiedad, de 55 personas físicas y jurídicas, y se ha solicitado la prohibición de enajenar 64 bienes muebles de 36 personas. Asimismo, se ha ordenado el bloqueo de cuentas corrientes y activos financieros, dirigidos a 91 entidades, de 78 personas físicas y jurídicas.Los agentes iniciaron esta mañana el registro en el edificio Puertosol, donde están las áreas de Hacienda y Urbanismo, que terminó sobre las 00.30 horas. El concejal de Urbanismo, Rafael Duarte, dijo que se ha buscado la información habitual en estos casos, pero más en unas delegaciones que en otras, y aseguró que mañana 'todo volverá a la normalidad'. Además, aseguró que la operación no tiene nada que ver con la operación 'Malaya', sino que es 'más concreta'.INVESTIGACIÓN.En estas diligencias se investigan supuestas irregularidades urbanísticas, a través de licencias, convenios, recalificaciones o aprovechamientos urbanísticos, según fuentes fiscales. Además, los detenidos estarían implicados en la financiación irregular del Ayuntamiento, aunque la Fiscalía Anticorrupción también libró órdenes de detención por cohecho, prevaricación, tráfico de influencias y blanqueo de capitales.Las fuentes aseguraron que el objeto de la investigación, que comenzó a finales de 2006, 'no es nuevo' sino similar a lo que ocurre en otros lugares de la provincia malagueña, como Marbella, pero también en otras zonas de España. Señalaron que habrá que esperar para ver si el alcance es como el del caso 'Malaya', contra la corrupción marbellí.La investigación policial ha contado con la colaboración de dos personas conocedoras de gran parte de la estructura delictiva desarticulada, informaron a Europa Press fuentes próximas a la investigación. Esos dos colaboradores ocuparían puestos claves que les hacían conocedores de las corruptelas.El operativo surge del descubrimiento por parte de los investigadores de la presunta implicación de un miembro del equipo de Gobierno de la localidad en la trama de la 'Operación Malaya'. Esa averiguación provocó la apertura de una investigación apartada y dirigida por la Comisaría General de Policía Judicial desde Madrid, precisaron las fuentes consultadas.
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