Fuente: Diario Sur.
La trama de Estepona habría usado dos 'oficinas' clandestinas para cobrar supuestas comisiones ilegales
La policía atribuye al alcalde presuntos hechos delictivos relacionados con cohecho, blanqueo, tráfico de influencias, prevaricación, doble contabilidad y nombramiento ilegal. La Fiscalía apunta a que la red operaría desde 2003 y habría copiado sin alteraciones las corruptelas tejidas por el GIL
Dos tramas en una misma investigación. La 'operación Astapa' ha sacado a la luz sendas redes de supuestos cobros de comisiones ilegales en el Ayuntamiento de Estepona. Aunque ambas tendrían puntos de conexión, cada uno de estos grupos dispondría de su propia 'oficina' clandestina para cerrar los acuerdos, según los expertos de la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), que han llevado las pesquisas del caso. La documentación incautada en los registros del Consistorio -que se prolongó hasta la madrugada de ayer- y las oficinas de Hacienda y Urbanismo parecen confirmar, en un primer análisis, que el grupo presuntamente corrupto llevaría operando desde que en junio de 2003 el PSOE llegó a la alcaldía con el apoyo de concejales del Partido de Estepona (PES, ex 'gilistas'), que habrían reeditado las prácticas de la época del partido fundado por el fallecido Jesús Gil.La red corrupta que anidaría en el Ayuntamiento de Estepona saltó por los aires el martes, cuando la policía desató una redada que permitió detener a 26 sospechosos, con el alcalde de la localidad, el socialista Antonio Barrientos, a la cabeza. El Juzgado de Instrucción 1 de la localidad malagueña y la Fiscalía Anticorrupción coordinan a su vez una amplia investigación patrimonial que se extiende a Córdoba, Cádiz, Madrid, Bilbao y San Sebastián, entre otras ciudades.Las investigaciones realizadas por la Policía Judicial apuntan a que la primera de las 'oficinas de cobro', la de mayor envergadura, sería la que supuestamente estaba bajo el mando del propio alcalde, Barrientos, y las personas de su círculo cercano, como José Flores, su jefe de gabinete y que gestionaría el día a día de esa 'oficina'; el concejal de Hacienda, Francisco Zamorano, y el ex coordinador del Área de Urbanismo, Pedro López.La segunda 'sucursal' de cobro sería algo más modesta y se habría creado en fechas posteriores. Estaría dirigida, según la presunción policial, por Arturo Cebrián, uno de los cinco arquitectos municipales de Estepona. Su nombre ya había aparecido en otra investigación sobre corrupción urbanística en la Costa del Sol, la 'operación Hidalgo', relacionado con jugosas recalificaciones de terrenos rústicos.Las dos 'oficinas clandestinas' de cobro tendrían sede abierta en los locales del propio Ayuntamiento de Estepona, aunque los pequeños constructores también habrían podido acceder a ellas a través de un número de teléfono. Al otro lado de la línea, una especie de teleoperador-intermediario que, al parecer, se hacía llamar Raúl indicaba en qué cuentas se podían ingresarse las supuestas comisiones.Negociación«Ninguna licencia de obras, ningún convenio urbanístico, ninguna recalificación», explican los especialistas de Anticorrupción, habrían recibido el visto bueno si no pasaban antes por esta suerte de 'administración paralela' en el Ayuntamiento esteponero. Los empresarios podían hacer ofertas a cada una de las tramas por el mismo 'favor'. Tras ello, podrían llegar a un acuerdo económico con ambas o quedarse con el padrinazgo de uno solo de los grupos, el más barato, señalan los responsables de la investigación.Multitud de empresas habrían tributado a estas cajas ilegales, aunque la UDEF centra sus investigaciones en cuatro firmas por el gran volumen de contratos que firmaron con el Consistorio.Los investigadores policiales ya tienen en su poder copias de todos los convenios firmados por el Ayuntamiento de Estepona desde 2000 y apuntes de lo que podrían haber sido las supuestas comisiones por recalificaciones y permisos. Cifras inferiores a MalayaFuentes consultadas explicaron que los investigadores aún están trabajando para averiguar a cuánto asciende la supuesta 'caja B' del Consistorio esteponero, aunque señalaron que, a priori, estaría lejos de las cifras del 'caso Malaya', en la vecina Marbella. Por ejemplo, una de las presuntas comisiones investigada por la policía sería de unos 42.000 euros. «No sería de las más altas, pero tampoco de las más bajas», indicó la misma fuente. Ayer, los agentes seguían expurgando contrarreloj los cientos de documentos incautados en las oficinas municipales para saber qué papel pudieron jugar en la trama el alcalde, los siete concejales y los asesores municipales detenidos.De entrada, la policía imputa a algunos de los arrestados hasta una decena de supuestos hechos delictivos diferentes, aunque todos tienen como denominador común los cargos de cohecho y blanqueo de capitales. Entre ellos, los investigadores atribuyen al regidor Antonio Barrientos -que aún está en los calabozos de la Comisaría Provincial- presuntos delitos relacionados con cohecho, prevaricación, tráfico de influencias, blanqueo, doble contabilidad y nombramiento ilegal. No obstante, estas imputaciones son policiales y, por tanto, están aún pendientes de la decisión que adopte la jueza que instruye el caso una vez que tome declaración al detenido.
La trama de Estepona habría usado dos 'oficinas' clandestinas para cobrar supuestas comisiones ilegales
La policía atribuye al alcalde presuntos hechos delictivos relacionados con cohecho, blanqueo, tráfico de influencias, prevaricación, doble contabilidad y nombramiento ilegal. La Fiscalía apunta a que la red operaría desde 2003 y habría copiado sin alteraciones las corruptelas tejidas por el GIL
Dos tramas en una misma investigación. La 'operación Astapa' ha sacado a la luz sendas redes de supuestos cobros de comisiones ilegales en el Ayuntamiento de Estepona. Aunque ambas tendrían puntos de conexión, cada uno de estos grupos dispondría de su propia 'oficina' clandestina para cerrar los acuerdos, según los expertos de la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), que han llevado las pesquisas del caso. La documentación incautada en los registros del Consistorio -que se prolongó hasta la madrugada de ayer- y las oficinas de Hacienda y Urbanismo parecen confirmar, en un primer análisis, que el grupo presuntamente corrupto llevaría operando desde que en junio de 2003 el PSOE llegó a la alcaldía con el apoyo de concejales del Partido de Estepona (PES, ex 'gilistas'), que habrían reeditado las prácticas de la época del partido fundado por el fallecido Jesús Gil.La red corrupta que anidaría en el Ayuntamiento de Estepona saltó por los aires el martes, cuando la policía desató una redada que permitió detener a 26 sospechosos, con el alcalde de la localidad, el socialista Antonio Barrientos, a la cabeza. El Juzgado de Instrucción 1 de la localidad malagueña y la Fiscalía Anticorrupción coordinan a su vez una amplia investigación patrimonial que se extiende a Córdoba, Cádiz, Madrid, Bilbao y San Sebastián, entre otras ciudades.Las investigaciones realizadas por la Policía Judicial apuntan a que la primera de las 'oficinas de cobro', la de mayor envergadura, sería la que supuestamente estaba bajo el mando del propio alcalde, Barrientos, y las personas de su círculo cercano, como José Flores, su jefe de gabinete y que gestionaría el día a día de esa 'oficina'; el concejal de Hacienda, Francisco Zamorano, y el ex coordinador del Área de Urbanismo, Pedro López.La segunda 'sucursal' de cobro sería algo más modesta y se habría creado en fechas posteriores. Estaría dirigida, según la presunción policial, por Arturo Cebrián, uno de los cinco arquitectos municipales de Estepona. Su nombre ya había aparecido en otra investigación sobre corrupción urbanística en la Costa del Sol, la 'operación Hidalgo', relacionado con jugosas recalificaciones de terrenos rústicos.Las dos 'oficinas clandestinas' de cobro tendrían sede abierta en los locales del propio Ayuntamiento de Estepona, aunque los pequeños constructores también habrían podido acceder a ellas a través de un número de teléfono. Al otro lado de la línea, una especie de teleoperador-intermediario que, al parecer, se hacía llamar Raúl indicaba en qué cuentas se podían ingresarse las supuestas comisiones.Negociación«Ninguna licencia de obras, ningún convenio urbanístico, ninguna recalificación», explican los especialistas de Anticorrupción, habrían recibido el visto bueno si no pasaban antes por esta suerte de 'administración paralela' en el Ayuntamiento esteponero. Los empresarios podían hacer ofertas a cada una de las tramas por el mismo 'favor'. Tras ello, podrían llegar a un acuerdo económico con ambas o quedarse con el padrinazgo de uno solo de los grupos, el más barato, señalan los responsables de la investigación.Multitud de empresas habrían tributado a estas cajas ilegales, aunque la UDEF centra sus investigaciones en cuatro firmas por el gran volumen de contratos que firmaron con el Consistorio.Los investigadores policiales ya tienen en su poder copias de todos los convenios firmados por el Ayuntamiento de Estepona desde 2000 y apuntes de lo que podrían haber sido las supuestas comisiones por recalificaciones y permisos. Cifras inferiores a MalayaFuentes consultadas explicaron que los investigadores aún están trabajando para averiguar a cuánto asciende la supuesta 'caja B' del Consistorio esteponero, aunque señalaron que, a priori, estaría lejos de las cifras del 'caso Malaya', en la vecina Marbella. Por ejemplo, una de las presuntas comisiones investigada por la policía sería de unos 42.000 euros. «No sería de las más altas, pero tampoco de las más bajas», indicó la misma fuente. Ayer, los agentes seguían expurgando contrarreloj los cientos de documentos incautados en las oficinas municipales para saber qué papel pudieron jugar en la trama el alcalde, los siete concejales y los asesores municipales detenidos.De entrada, la policía imputa a algunos de los arrestados hasta una decena de supuestos hechos delictivos diferentes, aunque todos tienen como denominador común los cargos de cohecho y blanqueo de capitales. Entre ellos, los investigadores atribuyen al regidor Antonio Barrientos -que aún está en los calabozos de la Comisaría Provincial- presuntos delitos relacionados con cohecho, prevaricación, tráfico de influencias, blanqueo, doble contabilidad y nombramiento ilegal. No obstante, estas imputaciones son policiales y, por tanto, están aún pendientes de la decisión que adopte la jueza que instruye el caso una vez que tome declaración al detenido.
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